​LA PRIORIDAD: MI CARTERA. LA PRIORIDAD: MI CARGO

​LA PRIORIDAD: MI CARTERA. LA PRIORIDAD: MI CARGO.

¿Y LOS ENFERMOS DE ELA?

Mientras PP y Vox engordan la estructura política de la Junta, los servicios públicos se debilitan y las multinacionales de la sanidad y los cuidados hacen negocio con nuestras necesidades.

Por Fidel Romero

Hay noticias que indignan. Y hay otras que, además de indignar, sirven para entender perfectamente cuáles son las prioridades de quienes gobiernan.

Lo que está ocurriendo en Andalucía con las personas enfermas de ELA es una de ellas.

La Junta de Andalucía ha retrasado hasta ocho meses la aplicación efectiva de las ayudas destinadas a los enfermos de ELA en situación más grave, pese a que el acuerdo estatal llevaba meses aprobado. La realidad es todavía más dura: ninguna de las prestaciones andaluzas de este nuevo sistema había sido efectivamente pagada, según la información publicada estos días.

Y estamos hablando de personas para las que el tiempo no es un concepto administrativo.

El tiempo, para un enfermo de ELA, es vida.

Mientras una familia espera una resolución, busca un cuidador, presenta escritos, llama a la Administración y vuelve a llamar, la enfermedad continúa avanzando.

Y entonces miro hacia el otro lado y me encuentro con otra noticia: el Gobierno andaluz de PP y Vox alcanza los 314 altos cargos, la cifra más alta de la historia de la Junta. Son 13 más que en la estructura anterior.

¿No veníamos a reducir cargos?

¿No veníamos a eliminar supuestos chiringuitos?

¿No veníamos a adelgazar la Administración?

Pues resulta que, cuando se trata de repartir responsabilidades y crear puestos en la cúpula del poder, la Administración sí parece tener una extraordinaria capacidad para reorganizarse.

De 301 a 314 altos cargos.

Y el coste salarial estimado de esta estructura supera ya los 34 millones de euros al año, unos 12,8 millones más que en 2019, según los cálculos publicados.

No estoy diciendo que el sueldo de un alto cargo pueda trasladarse directamente a una ayuda para un enfermo de ELA. Sería demasiado fácil y, además, incorrecto.

Estoy hablando de algo mucho más importante:

Estoy hablando de prioridades.

Porque mientras se amplía la estructura política, una persona con ELA en grado III+ puede estar esperando meses para recibir una ayuda que necesita para poder vivir dignamente.

Y aquí aparece una comparación que debería hacernos reflexionar.

Andalucía no es la única comunidad autónoma que ha tenido dificultades, pero otras han desarrollado las ayudas con mayor intensidad. Cataluña, por ejemplo, ha establecido una ayuda que puede alcanzar los 14.477 euros mensuales, muy por encima del máximo estatal de referencia de 9.859 euros. La Rioja también ha situado su prestación por encima de la cuantía estatal.

Eso demuestra que no estamos solamente ante un problema de que “Madrid no ha hecho su trabajo”.

También estamos ante una cuestión de cómo cada Gobierno autonómico decide desarrollar y aplicar los derechos que tienen reconocidos sus ciudadanos.

Y Andalucía ha elegido ir tarde.

Muy tarde.

La propia Junta dispone, además, de una línea autonómica de ayudas para personas con ELA de hasta 14.400 euros anuales, que ha ido ampliando.

Pero una cosa es anunciar ayudas y otra muy distinta conseguir que lleguen a tiempo a quien las necesita.

Y eso es precisamente lo que me preocupa.

Porque esto no ocurre solamente con la ELA.

Lo vemos en la sanidad.

Lo vemos en la dependencia.

Lo vemos en la discapacidad.

Lo vemos en la ayuda a domicilio.

Lo vemos cada vez que una familia tiene que esperar meses para conseguir una prestación o termina recurriendo a una empresa privada porque la Administración pública no llega.

Y aquí quiero hacer una precisión importante.

Yo no cuestiono que existan empresas privadas que presten servicios sanitarios, asistenciales o de cuidados para aquellas personas que tienen recursos económicos y libremente deciden utilizarlos.

Lo que cuestiono radicalmente es que se debilite lo público hasta el punto de que una familia que no tiene recursos se vea obligada a acudir al sector privado para recibir una atención que debería estar garantizada por los servicios públicos.

Porque entonces ya no estamos hablando de libertad de elección.

Estamos hablando de necesidad.

Y cuando hablamos de dependencia, discapacidad, ayuda a domicilio, cuidados o enfermedades como la ELA, estamos hablando de personas especialmente vulnerables.

Personas que no pueden esperar.

Personas que no pueden elegir.

Personas que muchas veces no pueden defenderse.

Y ahí es donde no puedo aceptar que la necesidad se convierta en negocio.

Porque una familia trabajadora no puede convertirse en una aseguradora privada de la Administración.

Con un salario medio hay que pagar una vivienda, un alquiler o una hipoteca, electricidad, alimentación, transporte, estudios, impuestos y todos los gastos cotidianos.

¿De dónde saca una familia miles de euros al mes para contratar cuidados profesionales cuando llega una enfermedad devastadora como la ELA?

¿De dónde?

Por eso existen los servicios públicos.

Para estar cuando una persona no puede.

Para proteger cuando una familia no tiene recursos.

Para que la enfermedad no dependa de la cuenta corriente.

Y aquí es donde creo que PP y Vox están dejando muy claro cuál es su modelo.

Primero el cargo.

Primero la estructura.

Primero el nombramiento.

Primero el negocio privado.

Y después, si queda tiempo, los derechos de quienes más necesitan a la Administración.

Y no lo digo solamente por la ELA.

Lo digo porque temo que esto sea solamente el principio de lo que vamos a ver durante esta legislatura.

Si se recorta la sanidad pública, si se debilita la educación pública, si se ralentizan las prestaciones de dependencia, si se dejan deteriorar los servicios de ayuda a domicilio y si cada vez más necesidades terminan siendo atendidas por empresas privadas, estaremos ante algo mucho más grave que una mala gestión puntual.

Estaremos ante un cambio de modelo.

Un modelo en el que aquello que antes garantizaba directamente lo público empieza a convertirse en una oportunidad de negocio para grandes empresas y multinacionales.

Y con la dependencia ocurre algo especialmente perverso:

cuanto más débil sea la respuesta pública, más espacio queda para el negocio privado.

No quiero una Administración que abandone a las familias y después les diga que tienen una solución: pagar.

No quiero que quien tenga dinero pueda comprar una atención excelente mientras quien no lo tenga tenga que conformarse con esperar.

No quiero que la enfermedad, la dependencia o la discapacidad se conviertan en un mercado donde algunos hagan negocio con la desesperación de otros.

Quiero que lo público esté donde tiene que estar: al lado de quien más lo necesita.

Porque detrás de cada expediente hay una persona.

Detrás de cada retraso hay una familia.

Y detrás de cada enfermo de ELA hay una carrera contra el tiempo.

Por eso hoy quiero hacer una pregunta muy sencilla al Gobierno de Andalucía:

¿Cuál es su prioridad?

¿Los 314 altos cargos?

¿Los nuevos nombramientos?

¿Los más de 34 millones de euros anuales de su cúpula?

¿O las personas que necesitan urgentemente que la Administración esté a su lado?

Yo tengo clara mi respuesta.

La prioridad de una Administración pública debería ser siempre quien más la necesita.

Y cuando una persona con ELA tiene que esperar ocho meses para recibir una ayuda mientras el Gobierno amplía su estructura política hasta alcanzar un récord histórico, algo no estamos haciendo bien.

Porque hay cosas que pueden esperar.

La ELA, no.

Y tampoco deberían esperar la dependencia, la discapacidad, la sanidad pública ni las familias que ya no pueden más.

No podemos aceptar que los derechos que tanto costó construir terminen dependiendo de la capacidad económica de cada familia.

Porque si algún día conseguimos que una familia tenga que elegir entre pagar la hipoteca, comprar comida o contratar a alguien para cuidar a un enfermo, habremos dejado de hablar de un Estado del bienestar.

Y yo no quiero ese país.

Quiero una Andalucía donde la Administración esté al lado de quien más lo necesita.

Una Andalucía donde el dinero público sirva para garantizar derechos y no para engordar estructuras de poder.

Una Andalucía donde una persona con ELA no tenga que esperar ocho meses para que alguien le diga que tiene derecho a vivir con dignidad.

Porque al final todo se reduce a una pregunta muy sencilla:

¿PARA QUIÉN GOBIERNAN?

Yo creo que la respuesta debería ser evidente.

Para la gente.

Para los más vulnerables.

Para quienes más necesitan lo público.

Nunca para la cartera.

Nunca para el cargo.

Nunca para que el negocio crezca a costa de la necesidad.

Porque gobernar no debería ser administrar oportunidades para quienes ya tienen.

Gobernar debería ser garantizar derechos para quienes más necesitan.

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Por Fidel Romero