QUE NOS PILLEN CONFESADOS

​QUE NOS PILLEN CONFESADOS

CUANDO FALTAN MÉDICOS, SOBRAN LOS PRIVILEGIOS

Por Fidel Romero Ruiz

Hay noticias que uno lee dos veces porque cuesta creer que sean ciertas.

Mientras la sanidad pública andaluza agoniza por falta de recursos, mientras miles de personas esperan durante meses una consulta, una prueba diagnóstica o una operación, mientras los profesionales sanitarios trabajan al límite y mientras los retrasos en los cribados de cáncer han podido tener consecuencias irreparables para muchos pacientes, la Junta de Andalucía decide destinar 7,4 millones de euros a financiar sacerdotes en los hospitales públicos.

Solo se me ocurre una explicación.

Quieren que nos pillen confesados.

Porque, visto el estado en el que Moreno Bonilla ha dejado la sanidad pública andaluza, entrar hoy en un hospital es hacerlo con demasiadas incertidumbres. No porque nuestros magníficos profesionales no estén preparados; al contrario, son ellos quienes sostienen con un esfuerzo heroico un sistema que el propio Gobierno andaluz lleva años debilitando. El problema es que cada recorte, cada privatización y cada euro desviado a conciertos sanitarios con empresas privadas hace más difícil que la sanidad pública pueda responder como merece la ciudadanía.

Mientras faltan médicos, se financian sotanas.

Mientras faltan enfermeras, se pagan privilegios.

Mientras faltan camas, se destinan millones a algo que no cura enfermedades.

La asistencia espiritual es un derecho de quien la solicita. Nadie discute eso. Quien quiera recibir apoyo religioso durante una enfermedad debe poder hacerlo con absoluta libertad. Pero una cosa es respetar ese derecho y otra muy distinta convertirlo en una prioridad presupuestaria cuando el sistema sanitario se encuentra en una situación límite.

Si un paciente quiere confesarse, recibir la comunión o hablar con un sacerdote, basta con avisar a la parroquia más cercana. Como cualquier otro servicio pastoral, el sacerdote puede acudir a visitar al enfermo. Es parte de su vocación y de su ministerio. No hace falta convertir esa atención en un contrato millonario financiado con el dinero de todos los andaluces.

Porque ese dinero no cae del cielo.

Sale de los impuestos de trabajadores, pensionistas, autónomos y familias que esperan que sus recursos sirvan para contratar más médicos, más enfermeras, más especialistas, más psicólogos, más fisioterapeutas, más personal de limpieza y más celadores.

No para seguir engordando los privilegios económicos de una institución que históricamente nunca ha destacado precisamente por renunciar a ellos.

Y es aquí donde el humor andaluz, tan cargado de sabiduría popular, resume mejor que nadie la situación.

Se cuenta la historia de un hombre que fue a Lourdes en silla de ruedas con toda la fe del mundo esperando un milagro. Mientras subían la cuesta hacia el santuario, quien empujaba la silla perdió el control y esta comenzó a bajar desbocada. Cuando el hombre vio que iba a estrellarse, levantó la vista al cielo y exclamó:

«¡Virgencita, que me quede como estoy!»

Pues algo parecido parece que pretende la Junta de Andalucía.

Después de desmontar la sanidad pública, de favorecer durante años el crecimiento de la sanidad privada y de convertir las listas de espera en una pesadilla para miles de familias, ahora parece que la solución pasa por repartir crucifijos en lugar de reforzar plantillas.

Casi dan ganas de pensar que el siguiente paso será sustituir el suero por agua bendita.

O cambiar los respiradores por estampitas.

O recomendar más novenas y menos especialistas.

Porque, al paso que vamos, cualquier día la receta médica llevará escrito: «Rece tres avemarías y vuelva dentro de seis meses, si consigue cita.»

La ironía resulta inevitable cuando las prioridades políticas son tan difíciles de comprender.

No necesitamos más rezos para compensar los recortes.

Necesitamos menos recortes para que nadie tenga que rezar porque llegue a tiempo una operación, una prueba diagnóstica o una ambulancia.

La fe pertenece al ámbito más íntimo de cada persona y merece todo el respeto. Pero la sanidad pública pertenece a toda la ciudadanía. Su obligación no es salvar almas, sino salvar vidas.

Y hoy la mejor oración que podría hacer la Junta de Andalucía sería muy sencilla:

Contratar más médicos.

Contratar más enfermeras.

Abrir más camas.

Reducir las listas de espera.

Reforzar la Atención Primaria.

Eso sí sería un milagro.

Todo lo demás, cuando hay personas esperando un diagnóstico o una intervención que puede cambiarles la vida, no deja de parecer una inmensa y dolorosa falta de respeto hacia quienes sostienen con sus impuestos una sanidad pública que merece ser defendida, no desmantelada.