NO VIERON EL CÁNCER DE LA SANIDAD. LO DESCUBRIERON EN LA NÓMINA DEL TRABAJADOR Por Fidel Romero Hay frases que, más allá de la polémica del momento, retratan una forma de entender la sociedad. Cuando Alberto Núñez Feijóo calificó el absentismo laboral como “un cáncer” y planteó revisar que los trabajadores de baja puedan seguir percibiendo el cien por cien de su salario allí donde los convenios colectivos lo garantizan, no estaba simplemente hablando de economía. Estaba dejando al descubierto una determinada concepción del trabajo, de la enfermedad y, sobre todo, de los derechos conquistados por la clase trabajadora. Porque el problema nunca ha sido perseguir el fraude. Nadie en su sano juicio defiende que quien engaña al sistema quede impune. El fraude debe combatirse con todos los instrumentos del Estado. Lo que resulta profundamente injusto es convertir a millones de trabajadores honrados en sospechosos permanentes por el simple hecho de enfermar. La enfermedad no es un privilegio. La baja médica no es un premio. Es una necesidad. Detrás de cada parte de incapacidad temporal hay un médico que diagnostica, un profesional que asume la responsabilidad de determinar que una persona no puede desempeñar su trabajo. Sin embargo, determinados discursos políticos prefieren sembrar la sospecha sobre el trabajador antes que preguntarse por qué aumenta el estrés laboral, la precariedad, los problemas de salud mental o las lesiones derivadas de condiciones de trabajo cada vez más duras. Lo verdaderamente escandaloso es que quienes hoy señalan las bajas laborales como el gran problema del país apenas levantan la voz ante el deterioro de la sanidad pública. Miles de españoles esperan durante meses una consulta con el especialista. Miles aguardan una prueba diagnóstica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Miles de familias viven con la angustia de unas listas de espera interminables mientras faltan médicos, enfermeras y recursos en los centros de salud y hospitales. Ahí no ven ningún cáncer. No ven el cáncer de una sanidad pública debilitada tras años de recortes y privatizaciones. No ven el cáncer de las listas de espera. No ven el cáncer de la falta de profesionales. No ven el cáncer de quienes descubren demasiado tarde una enfermedad porque el sistema ya no responde con la rapidez que debería. Pero, curiosamente, sí descubren un supuesto cáncer cuando un trabajador enfermo cobra el salario que ha conquistado mediante la negociación colectiva. Ese es, al parecer, el verdadero problema. Resulta llamativo que quienes nunca hablan de los enormes beneficios de determinadas grandes empresas, de la evasión fiscal de grandes fortunas o del fraude de cuello blanco, encuentren siempre el foco en el mismo sitio: en la nómina del trabajador. Siempre hacia abajo. Nunca hacia arriba. Porque cuando se cuestiona que un convenio colectivo complemente una prestación hasta el cien por cien del salario, no se está atacando un privilegio. Se está atacando una conquista conseguida tras décadas de movilizaciones, huelgas, negociación colectiva y lucha sindical. Cada derecho laboral existente hoy costó conflictos, despidos, represión e incluso vidas. La jornada de ocho horas. Las vacaciones. Las pensiones. La negociación colectiva. La protección frente al despido. La incapacidad temporal. Nada cayó del cielo. Todo fue conquistado frente a quienes, en cada momento de la historia, afirmaban exactamente lo mismo que hoy vuelven a repetir: que los derechos laborales son demasiado caros. Lo preocupante no son únicamente las palabras de Feijóo. Lo verdaderamente preocupante es comprobar cómo parte de la clase trabajadora termina respaldando con su voto proyectos políticos que consideran esos derechos un obstáculo para la competitividad. Es una paradoja dolorosa. Se convence a quien vive exclusivamente de su salario de que el problema es otro trabajador que está de baja. Se enfrenta al trabajador fijo con el temporal. Al joven con el pensionista. Al autónomo con el asalariado. Al empleado público con el privado. Mientras tanto, quienes realmente concentran el poder económico observan cómo los de abajo discuten entre ellos. Es la estrategia más antigua del poder: dividir para conservar los privilegios. Existe una vieja reflexión que sigue plenamente vigente. Si los animales destinados al matadero pudieran votar, probablemente elegirían la mano que les llena el pesebre antes de conducirlos al sacrificio. Salvando las enormes distancias, algo parecido ocurre cuando trabajadores y trabajadoras terminan apoyando políticas que cuestionan precisamente los derechos que les protegen cuando enferman, envejecen o pierden su empleo. La izquierda sindical no puede caer en esa trampa. Debe defender con firmeza que enfermar no puede convertirse en motivo de castigo económico. Debe recordar que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión en dignidad. Debe denunciar que el verdadero absentismo es el de quienes desaparecen cuando hay que defender los servicios públicos, perseguir el fraude fiscal o exigir responsabilidades a quienes convierten la salud en un negocio. Porque el auténtico cáncer no está en la nómina del trabajador. El auténtico cáncer es una política que deja sin médicos los centros de salud, sin recursos los hospitales y sin protección a quienes sostienen este país con el esfuerzo de su trabajo. Y frente a ese cáncer, no bastan discursos. Hace falta voluntad política, justicia social y memoria. Memoria para recordar que cada derecho que hoy algunos quieren recortar fue conquistado por hombres y mujeres que se negaron a aceptar que la dignidad tuviera precio. Porque una sociedad que señala al trabajador enfermo mientras normaliza el deterioro de la sanidad pública no está resolviendo ningún problema. Simplemente está buscando un culpable equivocado.

​NO VIERON EL CÁNCER DE LA SANIDAD. LO DESCUBRIERON EN LA NÓMINA DEL TRABAJADOR

Por Fidel Romero

Hay frases que, más allá de la polémica del momento, retratan una forma de entender la sociedad. Cuando Alberto Núñez Feijóo calificó el absentismo laboral como “un cáncer” y planteó revisar que los trabajadores de baja puedan seguir percibiendo el cien por cien de su salario allí donde los convenios colectivos lo garantizan, no estaba simplemente hablando de economía. Estaba dejando al descubierto una determinada concepción del trabajo, de la enfermedad y, sobre todo, de los derechos conquistados por la clase trabajadora.

Porque el problema nunca ha sido perseguir el fraude. Nadie en su sano juicio defiende que quien engaña al sistema quede impune. El fraude debe combatirse con todos los instrumentos del Estado. Lo que resulta profundamente injusto es convertir a millones de trabajadores honrados en sospechosos permanentes por el simple hecho de enfermar.

La enfermedad no es un privilegio. La baja médica no es un premio. Es una necesidad. Detrás de cada parte de incapacidad temporal hay un médico que diagnostica, un profesional que asume la responsabilidad de determinar que una persona no puede desempeñar su trabajo. Sin embargo, determinados discursos políticos prefieren sembrar la sospecha sobre el trabajador antes que preguntarse por qué aumenta el estrés laboral, la precariedad, los problemas de salud mental o las lesiones derivadas de condiciones de trabajo cada vez más duras.

Lo verdaderamente escandaloso es que quienes hoy señalan las bajas laborales como el gran problema del país apenas levantan la voz ante el deterioro de la sanidad pública.

Miles de españoles esperan durante meses una consulta con el especialista. Miles aguardan una prueba diagnóstica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Miles de familias viven con la angustia de unas listas de espera interminables mientras faltan médicos, enfermeras y recursos en los centros de salud y hospitales.

Ahí no ven ningún cáncer.

No ven el cáncer de una sanidad pública debilitada tras años de recortes y privatizaciones.

No ven el cáncer de las listas de espera.

No ven el cáncer de la falta de profesionales.

No ven el cáncer de quienes descubren demasiado tarde una enfermedad porque el sistema ya no responde con la rapidez que debería.

Pero, curiosamente, sí descubren un supuesto cáncer cuando un trabajador enfermo cobra el salario que ha conquistado mediante la negociación colectiva.

Ese es, al parecer, el verdadero problema.

Resulta llamativo que quienes nunca hablan de los enormes beneficios de determinadas grandes empresas, de la evasión fiscal de grandes fortunas o del fraude de cuello blanco, encuentren siempre el foco en el mismo sitio: en la nómina del trabajador.

Siempre hacia abajo.

Nunca hacia arriba.

Porque cuando se cuestiona que un convenio colectivo complemente una prestación hasta el cien por cien del salario, no se está atacando un privilegio. Se está atacando una conquista conseguida tras décadas de movilizaciones, huelgas, negociación colectiva y lucha sindical.

Cada derecho laboral existente hoy costó conflictos, despidos, represión e incluso vidas.

La jornada de ocho horas.

Las vacaciones.

Las pensiones.

La negociación colectiva.

La protección frente al despido.

La incapacidad temporal.

Nada cayó del cielo.

Todo fue conquistado frente a quienes, en cada momento de la historia, afirmaban exactamente lo mismo que hoy vuelven a repetir: que los derechos laborales son demasiado caros.

Lo preocupante no son únicamente las palabras de Feijóo.

Lo verdaderamente preocupante es comprobar cómo parte de la clase trabajadora termina respaldando con su voto proyectos políticos que consideran esos derechos un obstáculo para la competitividad.

Es una paradoja dolorosa.

Se convence a quien vive exclusivamente de su salario de que el problema es otro trabajador que está de baja.

Se enfrenta al trabajador fijo con el temporal.

Al joven con el pensionista.

Al autónomo con el asalariado.

Al empleado público con el privado.

Mientras tanto, quienes realmente concentran el poder económico observan cómo los de abajo discuten entre ellos.

Es la estrategia más antigua del poder: dividir para conservar los privilegios.

Existe una vieja reflexión que sigue plenamente vigente. Si los animales destinados al matadero pudieran votar, probablemente elegirían la mano que les llena el pesebre antes de conducirlos al sacrificio. Salvando las enormes distancias, algo parecido ocurre cuando trabajadores y trabajadoras terminan apoyando políticas que cuestionan precisamente los derechos que les protegen cuando enferman, envejecen o pierden su empleo.

La izquierda sindical no puede caer en esa trampa.

Debe defender con firmeza que enfermar no puede convertirse en motivo de castigo económico.

Debe recordar que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión en dignidad.

Debe denunciar que el verdadero absentismo es el de quienes desaparecen cuando hay que defender los servicios públicos, perseguir el fraude fiscal o exigir responsabilidades a quienes convierten la salud en un negocio.

Porque el auténtico cáncer no está en la nómina del trabajador.

El auténtico cáncer es una política que deja sin médicos los centros de salud, sin recursos los hospitales y sin protección a quienes sostienen este país con el esfuerzo de su trabajo.

Y frente a ese cáncer, no bastan discursos.

Hace falta voluntad política, justicia social y memoria.

Memoria para recordar que cada derecho que hoy algunos quieren recortar fue conquistado por hombres y mujeres que se negaron a aceptar que la dignidad tuviera precio.

Porque una sociedad que señala al trabajador enfermo mientras normaliza el deterioro de la sanidad pública no está resolviendo ningún problema.

Simplemente está buscando un culpable equivocado.