​NO SON “PAGUITAS”. SON LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO.

​NO SON “PAGUITAS”. SON LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO.

Por Fidel Romero Ruiz

Hay palabras que retratan a quien las pronuncia.

Llamar “paguitas” al Ingreso Mínimo Vital, a las prestaciones por desempleo, a las ayudas al alquiler, a las becas, a las pensiones no contributivas o a la ayuda a la dependencia no es solo un error político. Es, sobre todo, un profundo desprecio hacia millones de personas que sobreviven gracias a esos derechos sociales.

Y resulta especialmente grave cuando esas palabras salen de la boca del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Porque si existe una institución que debería defender a quienes menos tienen, esa debería ser precisamente la Iglesia.

La Iglesia que predica el Evangelio. La Iglesia que habla del buen samaritano. La Iglesia que proclama que “lo que hagáis con uno de estos pequeños, conmigo lo hacéis”. La Iglesia que debería situarse siempre junto al pobre, al desempleado, al anciano dependiente, al joven sin recursos para estudiar o a la familia que no llega a final de mes.

Sin embargo, cuando Argüello habla de “paguitas”, no está señalando a los grandes fondos de inversión, ni a las multinacionales que reciben ayudas públicas, ni a quienes disfrutan de enormes beneficios fiscales. Está señalando precisamente a quienes menos tienen. A quienes necesitan un Ingreso Mínimo Vital para comer. A quienes cobran un subsidio porque han perdido su empleo. A quienes necesitan una beca para que sus hijos puedan estudiar. A quienes reciben una ayuda al alquiler porque trabajar ya no garantiza poder pagar una vivienda. A los mayores dependientes que necesitan unas horas de atención domiciliaria para poder seguir viviendo dignamente en su casa, para que alguien les ayude a levantarse, a asearse, a prepararles la comida o simplemente a no afrontar solos el final de sus vidas.

Eso no son “paguitas”. Eso se llama dignidad. Eso se llama Estado social. Eso se llama justicia. Y, curiosamente, también debería llamarse cristianismo.

La contradicción resulta todavía mayor cuando quien utiliza ese lenguaje representa a una institución que recibe importantes recursos públicos por distintas vías. La Iglesia Católica se beneficia, entre otras, de la asignación tributaria del IRPF marcada voluntariamente por los contribuyentes; de la financiación pública de miles de colegios concertados de ideario católico; de subvenciones para la conservación del patrimonio histórico y artístico; de beneficios y exenciones fiscales previstos en la legislación vigente y de otros mecanismos de colaboración con las administraciones públicas.

No se trata de negar que parte de esas ayudas tengan cobertura legal o respondan a acuerdos firmados por el Estado. Se trata de poner de manifiesto la enorme contradicción moral que supone despreciar las prestaciones destinadas a las personas más vulnerables mientras se aceptan sin reparo recursos públicos para la propia institución.

Si alguien quiere abrir un debate sobre el destino del dinero público, hagámoslo. Pero empecemos por preguntarnos qué es más urgente financiar. ¿La exención de impuestos de una institución con un enorme patrimonio inmobiliario? ¿O la ayuda para que un anciano dependiente pueda seguir viviendo en su casa con una auxiliar que le ayude a levantarse, a asearse, a comer, a tomar su medicación y a conservar la dignidad de sus últimos años? ¿Es más importante mantener determinados privilegios fiscales? ¿O garantizar que ningún niño abandone sus estudios porque sus padres no pueden comprar los libros, el material escolar o pagar el transporte? ¿Es más urgente sostener ventajas económicas históricas? ¿O asegurar que quien pierde el empleo no caiga en la pobreza extrema mientras encuentra una nueva oportunidad?

Jesús nunca habló de quitar ayudas a los pobres. Nunca llamó “paguitas” al pan compartido. Nunca culpó al necesitado de su pobreza. Todo lo contrario. Su mensaje fue proteger al débil, cuidar del enfermo, acompañar al anciano y ponerse siempre del lado del que sufría.

Quiero decir también, con absoluta claridad, que escribo estas líneas desde mi condición de ateo. Nunca he ocultado que no soy creyente y que no espero otra vida más allá de esta. Pero precisamente por eso creo que puedo diferenciar entre una parte de la jerarquía eclesiástica y tantos hombres y mujeres de Iglesia que han entregado su vida a los pobres, a los olvidados y a los perseguidos.

He conocido y admirado a curas obreros y a sacerdotes profundamente comprometidos con la justicia social. He sentido siempre un enorme respeto por personas como Diamantino, por el padre Llanos y por tantos otros que entendieron el Evangelio no como un instrumento de poder, sino como una llamada permanente a ponerse del lado del que menos tiene. Aunque no comparta su fe, siempre he respetado profundamente a quienes han vivido con coherencia ese compromiso. Porque, en mi opinión, la grandeza del cristianismo no está en los privilegios de la institución, sino en quienes han hecho de la solidaridad, de la igualdad y de la defensa de los más débiles una forma de vida. Ellos representan, a mi juicio, el mejor rostro de la Iglesia y el que más se aproxima al mensaje de Jesús.

Por eso resulta tan difícil comprender que quien preside la Conferencia Episcopal utilice un lenguaje que parece más propio de determinados discursos políticos que del mensaje evangélico.

La Iglesia tiene todo el derecho a participar en el debate público. Lo que no puede hacer, sin asumir las críticas que ello conlleva, es olvidar cuál debería ser su primera obligación moral. Cuando se desacreditan las ayudas que permiten sobrevivir a millones de personas no se está defendiendo la libertad. Se está cuestionando la protección de quienes más necesitan el apoyo de la sociedad. Y si alguna institución debería levantar la voz en favor de ellos tendría que ser precisamente la Iglesia. Porque los derechos sociales no son “paguitas”. Son la diferencia entre la exclusión y la dignidad. Entre la desesperación y la esperanza.

Y quizá haya llegado el momento de que la Conferencia Episcopal se mire al espejo. Porque cuando el discurso de quien debería representar la compasión cristiana coincide una y otra vez con los planteamientos que cuestionan el Estado del bienestar, las políticas redistributivas y las ayudas a los más vulnerables, una parte importante de la sociedad percibe que la Conferencia Episcopal ha abandonado el lado de los más humildes para situarse, demasiadas veces, junto a quienes cuestionan los derechos sociales conquistados durante tantas décadas.

La Iglesia que predicó Jesús caminaba junto a los pobres, no junto a los poderosos; defendía a los excluidos, no a quienes acumulaban privilegios; compartía el pan con quien tenía hambre, no señalaba con desprecio a quien necesitaba ayuda para sobrevivir.

Cuando una parte de la jerarquía eclesiástica parece sentirse más cómoda cuestionando el Ingreso Mínimo Vital, las becas, las ayudas a la dependencia o las prestaciones por desempleo que denunciando la desigualdad, la pobreza o la concentración de la riqueza, corre el riesgo de alejarse del mensaje social del Evangelio y de aparecer, ante una parte de la sociedad, más próxima a quienes cuestionan el Estado del bienestar que a quienes luchan por fortalecerlo.

Y esa es la gran paradoja. Mientras miles de personas necesitan una ayuda pública para poder comer, estudiar, pagar un alquiler o envejecer con dignidad, quienes critican esas prestaciones pertenecen a una institución que continúa disfrutando de importantes beneficios y financiación pública. Quizá, antes de llamar “paguitas” a los derechos de los más humildes, convendría revisar los propios privilegios. Porque una sociedad no se mide por cómo trata a quienes más tienen, sino por cómo protege a quienes más necesitan de todos.

La Iglesia haría bien en volver a mirar al Evangelio antes que a cualquier ideología. Porque el mensaje de Jesús nunca estuvo al lado del poderoso, sino al lado del pobre; nunca defendió privilegios, sino la justicia; nunca señaló al que recibía ayuda para sobrevivir, sino a quienes acumulaban riqueza mientras otros pasaban necesidad. Esa sigue siendo, dos mil años después, la mayor lección de humanidad y de compromiso social que nos dejó el cristianismo. Y precisamente por eso, quienes no compartimos la fe, pero sí admiramos ese mensaje de justicia y solidaridad, tenemos también el derecho —y quizá la obligación moral— de recordar a la jerarquía de la Iglesia cuál fue siempre el verdadero lugar de Jesús de Nazaret: al lado de los últimos, nunca al lado de los privilegios.