LA PRESIDENTA DEL LUJO

LA PRESIDENTA DEL LUJO

El dinero público nunca debería servir para construir privilegios, sino para dignificar la vida de la mayoría social.

Por Fidel Romero Ruiz

Hay una diferencia enorme entre administrar dinero propio y administrar dinero público. Quien ha tenido responsabilidades de gobierno lo sabe. Y quien las ha ejercido con honestidad, lo siente casi como una obligación moral.

Cuando uno ha sido alcalde de un pequeño pueblo, aprende muy pronto que cada euro tiene un destino y que detrás de cada euro hay un vecino que lo ha aportado con sus impuestos. Aprende que un café, un viaje, una factura o una comida oficial deben justificarse con el máximo rigor. No basta con ser honrado; hay que parecerlo. La confianza de la ciudadanía se construye precisamente sobre esa ejemplaridad.

Durante años gobernamos con esa filosofía. Contando los céntimos para poder hacer kilómetros con los euros. Buscando siempre la solución más austera. Adaptándonos a despachos pequeños cuando había obras. Reutilizando mobiliario. Aplazando gastos. Renunciando a cualquier comodidad que pudiera interpretarse como un privilegio. Nunca se nos cayeron los anillos por trabajar en espacios provisionales o reducidos. Lo importante era gobernar bien, no aparentar grandeza.

Por eso resulta tan difícil comprender que la presidenta de la Comunidad de Madrid necesite un ático de lujo para instalar temporalmente su despacho o celebrar reuniones mientras se rehabilita la sede de la Puerta del Sol.

No hablamos de buscar un lugar donde seguir trabajando. Eso es lógico. Hablamos de la elección de un inmueble de lujo cuya necesidad, proporcionalidad y utilidad pública han sido ampliamente cuestionadas.

Tan cuestionada ha resultado aquella decisión que apenas unas horas después de hacerse pública, el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que pondrá el ático a la venta y que el dinero obtenido se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Es una decisión que cada cual valorará como considere oportuno. Pero deja una pregunta imposible de esquivar: si el ático era realmente la mejor solución para garantizar el funcionamiento de la Presidencia, ¿qué ha cambiado en apenas un día para que deje de serlo?

Hay decisiones que se sostienen hasta el final porque responden al interés general. Y hay otras que solo resisten hasta que las conoce la opinión pública.

¿De verdad no existían edificios públicos donde instalar provisionalmente la Presidencia? ¿No había dependencias de la propia Comunidad de Madrid? ¿Era imprescindible recurrir a un ático de estas características? Son preguntas legítimas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse cuando se administra dinero público.

Porque el problema nunca fue únicamente el coste económico. El problema es el mensaje político. Es la forma de entender el dinero público. Es creer que aquello que nunca aceptaríamos para nosotros mismos cuando administramos el dinero de todos puede convertirse en normal cuando se ejerce el poder desde las más altas instituciones. Y eso es precisamente lo que una democracia no debería permitirse normalizar.

Mientras Madrid sufre una gravísima crisis de acceso a la vivienda; mientras miles de familias no pueden pagar un alquiler; mientras la vivienda protegida sigue siendo insuficiente; mientras los fondos de inversión continúan convirtiendo la vivienda en un negocio; mientras los incendios ponen de manifiesto las carencias de determinados servicios públicos; mientras tantas prioridades esperan financiación, la imagen que proyecta el Gobierno madrileño es la de una Presidencia que necesita lujo para gobernar.

Es la política del escaparate.

La política que confunde la representación institucional con el privilegio.

La política que cree que gobernar exige escenarios exclusivos.

Y no.

Gobernar exige ejemplaridad.

La historia reciente de Madrid ya conoce demasiado bien las consecuencias de determinadas políticas de vivienda. Ahí queda la venta de miles de viviendas públicas a fondos de inversión durante la etapa de Ana Botella, una decisión que convirtió un patrimonio construido para garantizar un derecho social en un negocio privado del que todavía hoy siguen sufriendo las consecuencias muchas familias.

El artículo 47 de la Constitución no reconoce el derecho de los fondos de inversión a hacer negocio con la vivienda. Reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo.

Ese debería ser el lujo de un gobierno: garantizar derechos.

No adquirir símbolos de poder.

Quienes hemos gobernado administraciones humildes sabemos que la buena gestión nunca necesita alfombras rojas. Se puede gobernar desde un despacho pequeño, desde una oficina provisional o desde una mesa compartida. Lo importante nunca fueron los metros cuadrados, sino la altura moral con la que se ejerce la responsabilidad pública.

Quizá por eso esta polémica trasciende el propio ático.

Porque no habla únicamente de un inmueble.

Habla de una forma de entender el poder.

De una política que parece alejarse cada vez más de la vida cotidiana de la mayoría para instalarse en un universo de privilegios donde el lujo se considera normal y la austeridad casi una rareza.

Quien gobierna con dinero de todos tiene el deber de preguntarse siempre si ese gasto es imprescindible.

Y cuando la respuesta no resulta evidente, la obligación no es buscar excusas.

La obligación es rendir cuentas.

Porque el dinero público no pertenece a quienes gobiernan.

Pertenece a quienes, con su trabajo y sus impuestos, sostienen las instituciones.

El verdadero lujo de un gobernante no debería medirse por el despacho desde el que trabaja, sino por la confianza que es capaz de inspirar en la ciudadanía administrando con honestidad hasta el último euro que no es suyo, sino de todos.

Y esa es una lección que nunca debería olvidarse.​