CUANDO LOS “CAPATACES DEL AMO” SE PONEN AL SERVICIO DEL PODER

​🚨 CUANDO LOS “CAPATACES DEL AMO” SE PONEN AL SERVICIO DEL PODER

Por Fidel Romero

En los pueblos andaluces, en la Andalucía de cortijos y señoritos, había una figura muy conocida: el capataz del amo.

Era aquel hombre que, aun siendo muchas veces hijo de jornaleros y de la misma clase trabajadora que los demás, terminaba poniéndose al servicio absoluto del señorito. El que obedecía sin rechistar. El que vigilaba a los suyos. El que perseguía al trabajador rebelde mientras defendía los privilegios del amo como si fueran propios.

En muchos pueblos se decía de ellos:

“Ese come de la mano del amo.”

Y todo el mundo entendía perfectamente lo que significaba.

No hacía falta explicar nada más.

El capataz era quien hacía el trabajo sucio del poder. Quien actuaba contra su propia gente para proteger los intereses de quien mandaba desde arriba.

Por desgracia, esa vieja figura del cortijo parece no haber desaparecido del todo en este país.

Porque viendo lo que estamos escuchando en el juicio del caso Kitchen, resulta imposible no pensar que durante años existieron auténticos “capataces del amo” dentro de estructuras del propio Estado. Policías patrióticos, determinados mandos, determinados aparatos y también determinados sectores judiciales que, presuntamente, habrían actuado no para defender la legalidad, sino para proteger al señorito político de turno.

Y en aquel momento el señorito tenía nombre y apellidos.

Aunque algunos todavía hablen de “M. Rajoy” como si España entera no supiera perfectamente de quién estamos hablando.

Lo que estamos viendo ya no parece simplemente un caso de corrupción más.

Estamos hablando de la posibilidad aterradora de que recursos públicos, policías, fondos reservados y estructuras del Ministerio del Interior pudieran haberse utilizado para proteger al Gobierno del Partido Popular y perseguir a quienes podían destapar su corrupción.

Y esto es gravísimo.

Porque aquí ya no hablamos solamente de sobresueldos, de cajas B, de financiación ilegal o de mordidas. Hablamos de algo mucho más profundo y peligroso: del uso presunto de sectores del Estado para blindar intereses partidistas.

Si todo esto termina demostrando judicialmente que ocurrió como se está relatando, estaríamos ante uno de los mayores escándalos democráticos de nuestra historia reciente.

Escuchar a un policía como Manuel Morocho relatar presiones, intentos de compra, aislamiento y obstáculos constantes por investigar determinadas tramas, deja una sensación profundamente inquietante.

No porque toda la policía actúe así —sería injusto y falso afirmarlo—, sino porque demuestra que dentro de determinadas estructuras del poder pudieron existir mecanismos destinados no a perseguir la corrupción, sino a protegerla.

Y, aun así, hay cifras que ponen los pelos de punta: mientras un policía intentaba investigar, en torno a 28 compañeros y altos cargos policiales acabaron investigados alrededor de esta presunta trama parapolicial. Un dato estremecedor que refleja la enorme dimensión de lo que se está juzgando, sin que eso signifique, ni mucho menos, que el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad actúe de la misma manera.

Y eso coloca a cualquier democracia al borde del precipicio.

Porque cuando quienes deben perseguir a los corruptos terminan actuando presuntamente como aliados de los corruptos, el problema deja de ser un caso aislado y pasa a convertirse en una crisis institucional.

La ciudadanía está harta.

Harta de ver cómo se roba dinero público mientras a la gente trabajadora se le pide sacrificios. Harta de contemplar cómo grandes empresas, fondos de inversión, eléctricas o determinadas élites económicas logran influir en gobiernos y administraciones para construir leyes a medida de sus intereses. Harta de comprobar cómo demasiadas veces quien corrompe acaba teniendo más protección que quien denuncia.

Y aquí hay una cuestión fundamental.

No basta con perseguir al que se deja comprar. Hay que perseguir con la misma dureza al que compra.

Porque mientras en este país siga saliendo barato corromper, siempre habrá quien esté dispuesto a poner dinero encima de la mesa para obtener favores políticos, contratos públicos o impunidad.

Da igual que ese dinero venga de una gran empresa, de fondos reservados o de entramados económicos oscuros.

La corrupción no puede tener colores ni excusas.

Desde la izquierda debemos ser absolutamente claros: estamos contra todos los corruptos y contra todos los corruptores. Contra quien mete la mano en la caja y contra quien paga para abrirla.

Y por eso este caso genera tanta indignación.

Porque si realmente desde el Gobierno de España se utilizaron recursos públicos para proteger intereses partidistas, entonces no estaríamos solamente ante corrupción política: estaríamos ante un ataque directo al Estado de derecho.

Por supuesto, habrá que esperar a las resoluciones judiciales definitivas, a las pruebas y a las sentencias. Eso es lo que diferencia a una democracia de una cacería.

Pero precisamente porque creemos en la democracia, también tenemos derecho a exigir una justicia absolutamente independiente, valiente y libre de cualquier sospecha de protección política.

Y ahí aparece otra preocupación que muchísima gente comparte viendo determinadas escenas de algunos juicios y determinadas actuaciones judiciales que, cuanto menos, generan inquietud y una evidente sensación de desigualdad.

Porque cuando parte de la ciudadanía percibe que a determinados responsables políticos se les protege más de lo que se les interroga, o que ciertos testigos incómodos encuentran más obstáculos que facilidades para explicar lo que saben, la confianza en las instituciones se resiente profundamente.

Y eso es peligrosísimo para cualquier democracia.

No estamos afirmando que toda la justicia actúe así. Sería injusto y falso hacerlo. Hay jueces honestos, fiscales honestos y profesionales que dignifican cada día el Estado de derecho.

Pero precisamente por respeto a esos profesionales honestos, resulta imprescindible señalar aquellas actuaciones que generan alarma social, preocupación democrática o sensación de impunidad.

Porque lo verdaderamente grave no sería solamente descubrir una presunta trama parapolicial al servicio del poder político.

Lo verdaderamente devastador sería que, después de todo lo escuchado, después de todos los informes, testimonios y hechos conocidos, determinadas estructuras del poder terminaran protegiéndose entre sí.

Y esa duda, simplemente esa duda, ya debería poner en alerta a cualquier demócrata decente.

Consecuencias políticas.

Consecuencias judiciales.

Y consecuencias penales para todos los responsables, caiga quien caiga.

Porque lo verdaderamente insoportable no sería solo la corrupción.

Lo insoportable sería descubrir que las instituciones que debían defendernos fueron utilizadas para proteger a quienes saqueaban la confianza pública.

Y eso una democracia decente no puede permitirlo jamás.