HACIA LA TERCERA REPÚBLICA: DEMOCRACIA REAL, IGUALDAD Y SOBERANÍA CIUDADANA

​HACIA LA TERCERA REPÚBLICA: DEMOCRACIA REAL, IGUALDAD Y SOBERANÍA CIUDADANA

Por Fidel Romero

Hay fechas que no deberían ser solo recuerdo, sino también conciencia. El 14 de abril es una de ellas. Porque la Segunda República Española no fue un paréntesis menor de nuestra historia: fue un intento real, profundo y valiente de construir un país más justo, más libre y más igualitario.

La República significó un impulso democrático sin precedentes en la España del siglo XX. En muy poco tiempo se abrieron caminos que durante siglos habían estado cerrados: la educación pública llegó a rincones olvidados del país, se impulsó la construcción de escuelas, se apostó por la cultura como derecho y no como privilegio, y se entendió que un pueblo sin formación no es libre, solo es vulnerable.

Pero hubo algo aún más profundo: la conquista de derechos civiles que hoy consideramos básicos. El voto femenino, defendido con valentía por mujeres como Clara Campoamor, supuso un avance histórico en la igualdad. La ley del divorcio reconoció por primera vez que las mujeres no eran propiedad de nadie y que el matrimonio debía ser una decisión libre, no una condena sin salida. Se empezaba a construir una sociedad donde la dignidad personal estaba por encima de la imposición moral o religiosa.

La República también impulsó reformas laborales y sociales que buscaban dignificar la vida de los trabajadores, en un país profundamente desigual, marcado por el latifundismo y la concentración de la riqueza. Se trataba de modernizar España, de acercarla a Europa, de romper con estructuras que condenaban a generaciones enteras a la pobreza heredada.

Aquella apuesta por la modernidad y la libertad no cayó del cielo. Fue el resultado de un país que quería avanzar. Pero también fue una experiencia brutalmente interrumpida por el golpe de Estado y la posterior Guerra Civil, que abrió una etapa de represión, miedo y retroceso social durante décadas.

España retrocedió en derechos, en libertades y en justicia social. Y lo hizo a costa de generaciones enteras que vieron cómo aquello que empezaba a construirse quedaba enterrado bajo el silencio y el autoritarismo.

Y frente a esa historia, no podemos ignorar el presente institucional que nos acompaña.

La Jefatura del Estado en España no se elige por sufragio universal. Se transmite por herencia, por derecho de cuna, no por decisión democrática. Y eso, en pleno siglo XXI, plantea una cuestión de fondo que ninguna democracia madura debería evitar.

El debate no es un ataque a la convivencia, sino una reflexión legítima sobre la calidad democrática del sistema. Porque una jefatura del Estado vitalicia y hereditaria contrasta con el principio básico de igualdad ciudadana.

La historia reciente de la monarquía en España no puede seguir tratándose con eufemismos. Lo que rodea a la figura del rey emérito Juan Carlos I no es un conjunto de sombras aisladas, sino un cúmulo de hechos conocidos, informaciones públicas y regularizaciones fiscales que han situado a la institución en el centro de un profundo deterioro de credibilidad.

Hablamos de dinero en el extranjero, de fortunas fuera del país, de cuentas y estructuras opacas que no han sido explicadas de forma completa ante la ciudadanía. Hablamos de regularizaciones fiscales tardías, realizadas cuando la presión mediática y social ya era insostenible, lo que en la práctica supone el reconocimiento implícito de situaciones económicas no declaradas en su momento.

Y aquí está la clave del problema: el contraste insoportable entre lo que se exige a la ciudadanía común y lo que ha ocurrido en la cúspide del Estado durante décadas.

A cualquier trabajador se le exige transparencia absoluta. A cualquier autónomo se le persigue hasta el último euro. Sin embargo, la máxima figura del Estado ha acumulado patrimonio en el extranjero sin una explicación pública completa, sin rendición de cuentas real y sin un nivel de transparencia equiparable al del resto de ciudadanos.

Como decían en los pueblos, en aquellas homilías antiguas que aún resuenan en la memoria de muchos, se repetía una frase que ha sobrevivido al tiempo como advertencia moral: “Haced lo que yo os diga, pero no lo que me veáis hacer”. Una sentencia que encaja con crudeza en demasiadas formas de poder, donde la exigencia siempre ha sido para abajo y la impunidad para arriba.

O como otro refrán popular que resume siglos de desigualdad moral: “lo mío es mío y lo tuyo de los dos”. Expresiones sencillas, pero demoledoras cuando se aplican a quienes han representado al Estado desde la cúspide de su poder.

Su salida de España y su vida en el extranjero no han hecho sino reforzar esa sensación de distancia, de ausencia de responsabilidades políticas y de falta de ejemplaridad en quien durante décadas representó al Estado.

Porque más allá de los tecnicismos legales, lo que queda es una evidencia política difícil de ignorar: una institución que exige obediencia y respeto a todos, pero que no siempre ha respondido con el mismo nivel de transparencia hacia la ciudadanía.

Y en democracia, esa asimetría no es un detalle menor. Es un problema de fondo.

Por eso, hablar hoy de República no es mirar atrás con nostalgia. Es mirar hacia adelante con madurez democrática.

Porque una República no es solo una forma de Estado. Es la posibilidad de que la ciudadanía elija a su jefe o jefa de Estado. Es la idea de que nadie ocupa un cargo por nacimiento, sino por legitimidad democrática.

El 14 de abril no es solo memoria. Es también pregunta.

Y quizá también es respuesta.

Porque cada vez más ciudadanos se preguntan si este país no debería avanzar hacia una tercera República donde la democracia no se herede.