​REGULARIZAR ES JUSTICIA SOCIAL (Y TAMBIÉN SENTIDO COMÚN)

​REGULARIZAR ES JUSTICIA SOCIAL (Y TAMBIÉN SENTIDO COMÚN)

Por Fidel Romero

España está a las puertas de una regularización extraordinaria de personas migrantes que puede afectar a más de medio millón de personas. No estamos ante un gesto simbólico ni ante una concesión ideológica, sino ante una necesidad social, económica y democrática que llevaba demasiado tiempo aplazada. Precisamente por eso ha desatado el nerviosismo, el ruido y la furia de la derecha y de la extrema derecha, que vuelven a recurrir al miedo como único argumento político.

Esta regularización llega tras años de presión del movimiento social Regularización Ya, de cientos de organizaciones y de cientos de miles de firmas que empujaron una Iniciativa Legislativa Popular que fue admitida a trámite con un apoyo abrumador y que, sin embargo, quedó bloqueada en el Congreso. Llega también por la presión sostenida de fuerzas como Sumar, Podemos y otras formaciones de la izquierda que no han dejado de insistir en que la irregularidad administrativa no es un problema individual, sino un fallo estructural del sistema. El Gobierno, finalmente, ha optado por la vía del Real Decreto. No es el camino ideal, pero es un paso imprescindible.

Conviene decirlo desde el principio: estas personas ya están aquí. No están llamando a la puerta, no están llegando ahora. Viven aquí desde hace años. Trabajan aquí. Sostienen sectores enteros de nuestra economía. Lo único que no han tenido hasta ahora son derechos. Y esa ausencia de derechos no es casual, sino funcional para quienes se han beneficiado de su explotación.

Hay una enorme hipocresía en el discurso de la derecha. Mientras se rasgan las vestiduras hablando de “efecto llamada” o de “regularización masiva”, miran hacia otro lado cuando se trata de explicar quién cuida a nuestros mayores, quién limpia casas, chalés y urbanizaciones, quién mantiene jardines, quién trabaja en el campo recogiendo aceituna, fresa, tomate o fruta, quién sostiene bares, restaurantes y hoteles con jornadas interminables. No son, en su mayoría, trabajadores autóctonos. Y no porque aquí no haya ganas de trabajar, sino porque esas condiciones solo se sostienen sobre la base de la precariedad extrema y del miedo.

La irregularidad no es un accidente del sistema, es una herramienta de control. La extrema derecha lo sabe perfectamente, y la derecha también. Por eso insisten en mantener a estas personas sin papeles, sin contrato, sin capacidad de reclamar nada. Porque regularizar significa contrato, cotización, inspección laboral, salario digno. Significa que ya no se puede pagar en negro, ni despedir sin motivo, ni amenazar con “llamar a Extranjería”. Significa que esas personas pasan a formar parte del sistema con derechos y deberes, y eso es exactamente lo que les molesta.

Se repite hasta la saciedad que las personas migrantes “viven de las ayudas”, cuando la realidad es justo la contraria: han estado sosteniendo la economía sin poder cotizar, sin aportar de manera regular a la Seguridad Social, sin generar derechos para sí mismas ni para los demás. Regularizar no es un gasto, es una inversión colectiva. Es reforzar las arcas públicas, es sostener las pensiones, es garantizar sanidad y educación, es reducir la economía sumergida y el fraude laboral. Lo dicen los datos, aunque la derecha prefiera ignorarlos.

Hay además una doble vara de medir que conviene señalar. La misma derecha que criminaliza a quienes vienen a trabajar en el campo o a cuidar mayores despliega alfombra roja para otros perfiles migratorios: grandes fortunas, inversores, venezolanos adinerados, jeques, capital extranjero. A esos no se les exige integración ni se les presenta como amenaza. A esos se les aplaude. La diferencia es clara: unos vienen a aportar trabajo y a reclamar derechos; otros vienen con dinero y reciben privilegios. El racismo no siempre se expresa a gritos, muchas veces se ejerce con normalidad institucional.

Esta regularización no es un regalo. Es una conquista social. Es el resultado de la lucha organizada de personas migrantes que se han expuesto, que han dado la cara, que han exigido ser reconocidas como lo que ya son: parte de esta sociedad. Es también una respuesta necesaria a una realidad laboral evidente en un país que ha bajado por primera vez en décadas del 10 % de paro, que ha estabilizado empleo con la reforma laboral, pero que sigue teniendo sectores enteros sin mano de obra suficiente.

Regularizar es ordenar, proteger y dignificar. Es asumir que necesitamos a estas personas y que estas personas tienen derecho a vivir sin miedo. Es decidir qué tipo de país queremos ser. Uno que basa su economía en la explotación y la sumisión, o uno que amplía derechos y construye ciudadanía.

La derecha y la extrema derecha quieren miedo, porque el miedo paraliza. Nosotros necesitamos derechos, porque los derechos liberan. Ellos quieren trabajadores asustados y silenciosos; nosotros necesitamos personas con dignidad, con voz y con futuro. Por eso esta regularización es tan importante. Y por eso la combaten con tanta rabia.