CUANDO EL PODER SE VENDE Y EL PUEBLO PAGA: LA VERDAD DE LOS MILLONES BAJO SOSPECHA

​CUANDO EL PODER SE VENDE Y EL PUEBLO PAGA: LA VERDAD DE LOS MILLONES BAJO SOSPECHA

POR FIDEL ROMERO

Yo no voy a hablar en voz baja. No cuando lo que se investiga afecta a millones de ciudadanos que pasaron frío, miedo y angustia durante los años más duros de la crisis.

Hoy sabemos  porque consta en informes remitidos por la Agencia Tributaria al juzgado que instruye la causa que el despacho Equipo Económico, vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, registró más de 35,5 millones de euros en ingresos entre 2008 y 2013, en más de 2.100 operaciones bajo análisis judicial.

Treinta y cinco millones y medio.

Mientras tanto, a millones de españoles se les repetía que no había dinero.

Además, se investigan cerca de un millón de euros abonados por empresas del sector gasista entre 2011 y 2020, así como más de 150 cheques por importe superior a 2 millones de euros cuyo origen y destinatarios están siendo examinados.

No son rumores. Son cifras incorporadas a una causa judicial.

Y yo me pregunto:

¿Dónde estaba el sacrificio entonces?

¿Para quién era la austeridad?

Porque durante esos mismos años, una familia media destinaba entre el 8% y el 12% de sus ingresos a pagar luz y gas. Miles de hogares entraban en pobreza energética. Pensionistas contaban monedas. Trabajadores asumían recortes salariales. Autónomos cerraban negocios.

Pero en los despachos se movían millones.

Se investiga incluso un informe técnico de apenas doce páginas por el que se habrían pagado alrededor de 270.000 euros, y que habría permitido generar ahorros fiscales estimados en hasta 4,7 millones de euros anuales para empresas energéticas.

Repito la cifra:

4,7 millones de euros al año en ahorro fiscal potencial.

Mientras tanto, al ciudadano no se le perdonaba ni un céntimo.

Yo no condeno antes de que hablen los tribunales. Pero tampoco soy ingenuo. Si la justicia confirma que hubo influencia, trato de favor o reformas diseñadas para beneficiar intereses privados mientras el país atravesaba la peor crisis económica en décadas, no estaremos ante un simple escándalo.

Estaremos ante una traición social.

Porque aquí hay algo que indigna más que el dinero: la desigualdad moral.

Nos dijeron que no había margen para subir pensiones.

Nos dijeron que había que recortar.

Nos dijeron que la austeridad era inevitable.

Y ahora descubrimos que, presuntamente, mientras el pueblo apretaba los dientes, grandes estructuras empresariales podían estar negociando ventajas fiscales millonarias a través de despachos con conexiones políticas directas.

Esto es política.

Porque cuando se favorece presuntamente a grandes multinacionales y grandes empresas, incluso mediante posibles prácticas de corrupción y devolución de favores, mientras se perjudica a la gente de a pie, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, a los pensionistas y a la gente sencilla, estamos ante decisiones políticas.

Y es ideología.

Porque gobernar para que las leyes fiscales beneficien a grandes corporaciones en detrimento de la mayoría social responde a una determinada visión del poder y del Estado. Responde a una forma de entender la economía donde las grandes empresas ocupan el centro y el ciudadano queda en segundo plano. Y eso no es neutral: eso es ideología.

Eso es, si se demuestra, utilizar el poder público como herramienta privada.

Yo no puedo aceptar que la política sea un puente hacia la rentabilidad empresarial.

Yo no puedo aceptar que quien legisla pueda hacerlo pensando en quién paga más informes y no en quién necesita más protección.

Yo no puedo aceptar que mientras una familia duda si encender la calefacción, otros negocien millones en silencio.

Porque si los hechos se confirman, no hablaríamos solo de 35 millones investigados, ni de un millón en pagos sectoriales, ni de dos millones en cheques bajo análisis.

Hablaríamos de algo mucho más grave:

la conversión del poder público en mercancía.

Y cuando el poder se vende, el pueblo siempre paga.

Yo no voy a callar mientras la justicia investiga.

No voy a disfrazar las cifras.

No voy a dulcificar la indignación.

Porque si se confirma lo que hoy está bajo análisis judicial, no será un error técnico.

Será una sinvergonzonería histórica.

Y la memoria de quienes pasaron frío, miedo y precariedad durante la crisis merece algo más que silencio.

Merece verdad.

Merece responsabilidades.

Y merece que nadie vuelva a jugar con el poder como si fuera un negocio.