​ESTADOS UNIDOS NO SOLO QUIERE EL PETRÓLEO: LA GUERRA ECONÓMICA, ALIMENTARIA Y POLÍTICA CONTRA LOS PUEBLOS

​ESTADOS UNIDOS NO SOLO QUIERE EL PETRÓLEO:

LA GUERRA ECONÓMICA, ALIMENTARIA Y POLÍTICA CONTRA LOS PUEBLOS

Por Fidel Romero

No es el petróleo. Nunca lo ha sido únicamente. Pensar que la voracidad de Estados Unidos  y en particular de gobiernos como el encabezado por Donald Trump se limita a los recursos energéticos es no haber aprendido nada de la historia reciente. El petróleo es solo una pieza más dentro de una estrategia mucho más amplia de dominación económica, comercial, alimentaria y política a escala global.

Venezuela es hoy el ejemplo más evidente y obsceno de esa estrategia. Allí, Estados Unidos ha desplegado todo su arsenal de agresión no convencional: sanciones ilegales, asfixia financiera, bloqueo comercial, sabotaje económico, presión diplomática, guerra mediática y la amenaza permanente de intervención directa. Todo ello al margen del Derecho Internacional, sin mandato alguno de la comunidad internacional y con un desprecio absoluto por la soberanía de los pueblos. No es una excepción: es un método.

Como ha señalado Enrique Santiago, tras el genocidio televisado en Gaza el mundo ha entrado en una fase especialmente peligrosa, en la que las normas básicas que prohibían la guerra de agresión, la injerencia y el castigo colectivo están siendo deliberadamente demolidas. Venezuela no es un caso aislado, sino un nuevo eslabón en una cadena de impunidad cada vez más normalizada.

Conviene subrayar además un dato que el relato dominante intenta ocultar: dentro de Estados Unidos existe una oposición real y organizada a esta agresión. Sectores del Congreso, juristas, organizaciones sociales, movimientos pacifistas y amplias capas de la sociedad estadounidense han denunciado que las acciones contra Venezuela  incluido el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro son ilegales, inconstitucionales y profundamente peligrosas. No solo violan la Carta de las Naciones Unidas, sino que sientan un precedente que convierte al mundo en un espacio donde manda la fuerza y no el derecho.

Estas voces críticas advierten de que la política exterior de Trump no responde a la defensa de la democracia ni de los derechos humanos, sino a los intereses directos de una oligarquía económica, de magnates energéticos, financieros y agroindustriales que entienden el planeta como un negocio y a los pueblos como obstáculos a eliminar.

Porque, insistamos, no es solo el petróleo. Estados Unidos aspira al control de todos los recursos estratégicos que garantizan poder estructural: energía, rutas comerciales, mercados, semillas, producción agrícola, cadenas alimentarias, precios y distribución. La guerra del siglo XXI ya no se libra únicamente con ejércitos; se libra con aranceles, bloqueos, tratados comerciales desiguales y chantajes económicos.

Esa misma lógica se proyecta hoy sobre Europa. Las guerras comerciales, los aranceles selectivos y los acuerdos de “libre comercio” impulsados desde Washington actúan como auténticas armas de sometimiento. No buscan cooperación ni competencia justa; buscan obligar a los países a comprar lo que las grandes corporaciones estadounidenses producen, manipulan o controlan.

La agricultura europea  y muy especialmente la española y andaluza es una de las grandes víctimas de este modelo. Mientras agricultores y ganaderos cumplen normativas cada vez más exigentes en costes, sostenibilidad y trazabilidad, se ven obligados a competir con productos importados que no cumplen esas mismas reglas. El resultado es devastador: precios por debajo de costes, abandono del campo, desaparición de cooperativas y pérdida de soberanía alimentaria.

Las protestas del sector agrario no son casualidad. Son el grito de un campo que se siente traicionado, utilizado como moneda de cambio en acuerdos internacionales que generan miles de millones para las multinacionales, mientras condenan a la ruina a quienes producen los alimentos que sostienen nuestra vida cotidiana.

No es exagerado afirmar que, si el control de la energía ha sido históricamente un eje central de conflicto, la garantía alimentaria será uno de los grandes campos de batalla geopolíticos del siglo XXI. En un mundo atravesado por la crisis climática y la escasez de recursos, quien controle la producción, la distribución y los precios de los alimentos tendrá un poder inmenso.

Con líderes como Donald Trump  que entienden la política como una extensión directa de los intereses empresariales propios y de su entorno multimillonario ese riesgo se multiplica. No existen líneas rojas cuando se gobierna para los negocios y no para los pueblos.

Más grave aún es la actitud del Partido Popular y de la extrema derecha en nuestro país. No solo no guardan silencio, sino que han apoyado de forma abierta y explícita la agresión militar contra Venezuela, han avalado el secuestro de su presidente legítimo y han justificado una violación flagrante del Derecho Internacional, alineándose sin ambigüedades con la estrategia imperial de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, estas mismas fuerzas políticas se presentan como defensoras del campo andaluz y español. La contradicción es solo aparente. En realidad, avalan el mismo modelo económico y geopolítico que destruye nuestra agricultura, entrega nuestra economía a intereses extranjeros, somete a los pequeños y medianos productores y liquida la soberanía económica y alimentaria. No defienden al campo: defienden a las multinacionales y a los mercados que lo asfixian.

Es una vieja historia. La derecha reaccionaria y la extrema derecha siempre han respaldado guerras, golpes de Estado e intervenciones ilegales cuando estas beneficiaban a los grandes intereses económicos, aunque el precio lo pagaran los pueblos.

Europa y España deben decidir si quieren seguir siendo un mercado subordinado o si están dispuestas a defender su tejido productivo, su agricultura, sus cooperativas y su capacidad de decidir su propio futuro. Defender soberanía no es cerrarse al mundo; es exigir reglas justas, reciprocidad y respeto.

Porque cuando se ataca al campo no se ataca solo a los agricultores. Se ataca a la soberanía, a la democracia y a la dignidad de los pueblos.

Vivimos un tiempo en el que a los poderosos se les permite todo y a los pueblos se les niega incluso el derecho a defenderse. Un tiempo en el que la economía se convierte en arma, la alimentación en negocio y la guerra  económica, política o militar en herramienta de dominación. Frente a esta deriva peligrosa, no basta con denunciar: es imprescindible movilizarse.

Movilizarse en la calle, en el campo, en los centros de trabajo y en las instituciones. Porque nada de lo que hoy nos quieren arrebatar se defenderá desde la resignación. Cuando se normaliza la opresión, el silencio deja de ser neutral y se convierte en complicidad. Por eso, hoy más que nunca, movilizarse es un deber democrático y una obligación moral.