UNA FAMILIA, UNA CASA: EL DERECHO QUE LA CONSTITUCIÓN OLVIDA

UNA FAMILIA, UNA CASA: EL DERECHO QUE LA CONSTITUCIÓN OLVIDA

POR FIDEL ROMERO

Hay tragedias que deberían estremecer la conciencia de un país entero.

El anciano de Torremolinos, que se quitó la vida cuando iban a desahuciarlo tras cuarenta años en su casa, no es un caso aislado: es el reflejo más cruel de un sistema que ha convertido un derecho constitucional en una mercancía.

La vivienda, reconocida en el artículo 47 de nuestra Constitución como un derecho básico, se ha transformado en el negocio más salvaje del capitalismo moderno.

Una familia compra una vivienda, paga durante décadas intereses que duplican su precio real, mantiene al banco con beneficios astronómicos… y, sin embargo, basta un golpe de mala suerte —una enfermedad, un despido, una jubilación insuficiente— para perderlo todo.

El hogar se convierte en deuda. Y la deuda, en condena.

Mientras tanto, los fondos buitre y las grandes entidades financieras se reparten lo que antes fueron casas con alma, vendiéndolas como si fueran acciones, jugando con ellas en el tablero de la especulación.

Hogares convertidos en productos financieros.

Personas reducidas a cifras.

Y gobiernos que miran hacia otro lado mientras se desahucia la dignidad.

No hablamos solo de economía.

Hablamos de vidas.

De personas mayores que se quedan solas, de familias con niños pequeños que no saben dónde dormir, de trabajadores que han cumplido con todo y que, aun así, son expulsados de su techo.

Esto no es un fallo del sistema: es el sistema.

Frente a esto, la izquierda y los demócratas no podemos quedarnos callados.

Es hora de blindar de verdad el derecho a la vivienda, de impedir por ley que nadie pierda su casa por causas sobrevenidas, de frenar la especulación de fondos y bancos que actúan sin alma y sin límite.

Como dijo Gabriel Rufián —y como sentimos millones de personas decentes—:

“Una familia, una casa.”

Tres palabras que resumen la justicia más elemental.

Una familia necesita un hogar. No un techo hipotecado por 40 años. No una amenaza de desahucio. Un hogar.

Y los poderes públicos, todos sin excepción, tienen el deber de hacerlo posible.

Porque sin vivienda no hay libertad, ni dignidad, ni democracia que merezca ese nombre.

Porque un país que permite que la gente muera por perder su casa pierde su humanidad y su dignidad.

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