CUANDO EL PREJUICIO MATA: EL PRECIO DE LOS BULOS Y DEL ODIO

CUANDO EL PREJUICIO MATA: EL PRECIO DE LOS BULOS Y DEL ODIO

Por Fidel Romero

Lo que ha sucedido en Utah —el asesinato a tiros de Charlie Kirk— no es solo una tragedia aislada: es una lección sobre cómo se construyen culpables en la prisa informativa y cómo ciertas narrativas políticas explotan la tragedia para sembrar pánico y señalamiento. No vamos a esconderlo: nadie merece morir, y condenamos sin ambages cualquier violencia. Pero también queremos decir alto y claro que condenar la violencia no equivale a convertir en santo a quien ha hecho del odio su praxis pública. (Sobre los cargos y la investigación).

La investigación ya ha desmontado las primeras conjeturas virales: no hay evidencia que sostenga que el autor fuera un inmigrante o que encajara en las identidades —mexicano, musulmán, “de color”— que de manera automática algunos quisieron asignar. Los hechos que hoy conocemos apuntan a un joven local, con pruebas físicas y mensajes que lo sitúan en el entorno de la acción y en el conflicto con el discurso público de Kirk. No podemos permitir que la desinformación y el prejuicio conviertan a seres humanos en chivos expiatorios; eso ya lo hemos vivido y sus consecuencias son terribles.

Desde nuestra trinchera política —la de la izquierda que cree en los derechos, la justicia y la solidaridad— no vamos a caer en la trampa de la hipocresía. Ante la crueldad real hay que exigir justicia, pero ante las zarpas de la manipulación hay que levantar la voz. Una voz progresista y feminista que recuerda que la complicidad política con discursos racistas, xenófobos o misóginos es el caldo de cultivo de la violencia; y que ante esa complicidad lo que procede no es aplaudir sino denunciar. En ese sentido, posiciones públicas de miembros de la derecha española que intentan convertir esta muerte en un argumento contra la izquierda —preguntas retóricas que sugieren escenarios de “¿qué pasaría si…?” y que se usan para alimentar la alarma— no contribuyen a la paz social; la deterioran. Hay que exigir que quien siembra sospechas sin pruebas rectifique y pida perdón.

También hay que decirlo con nitidez: hay dirigentes y formaciones que, cuando interesa, apelan a la emoción para estigmatizar a migrantes, a personas racializadas o a colectivos vulnerables. Esa instrumentalización tiene consecuencias tangibles: tras ciertas coberturas y discursos, en varias ciudades se han producido brotes de agresión y hostigamiento contra personas que nada tenían que ver con los hechos. No es teoría: es memoria. En España tenemos heridas abiertas —Guillem Agulló, Carlos Palomino, Lucrecia Pérez, Samuel Luiz— y no podemos permitir que se banalice el proceso de señalar y criminalizar colectivos enteros. La memoria de esas víctimas exige que no se repita la mecánica del señalamiento impune.

Al mismo tiempo, no podemos prescindir del análisis político: la violencia no surge en el vacío. Existe una correlación directa entre la normalización del discurso del odio —en plata: discursos que deshumanizan migrantes, mujeres, personas LGTBIQ+ o racializadas— y la aparición de actos violentos. Defender derechos y dignidad no es relativismo moral: es obligación cívica. Por eso quienes ocupan espacios de poder, quienes amplifican mensajes en mass media o en redes, tienen una responsabilidad adicional: no pueden, con medias verdades o con insinuaciones, encender fogatas que después queman a personas inocentes.

La postura expresada por una representante de la izquierda (que ha recordado que nadie merece morir y que, simultáneamente, no se puede blanquear el discurso de odio de ciertas figuras públicas) nos sirve como guía. No vamos a convertir el dolor en venganza ni a transformar la indignación en justicia por mano propia. Queremos que los tribunales actúen con todo el peso de la ley —y no con la pena de muerte como respuesta— y que la política se haga con responsabilidad. Pero también exigimos que quienes lanzan acusaciones sin pruebas pidan perdón cuando la verdad desmienta sus sospechas: la rectificación pública es una obligación democrática.

Para terminar: que el aprendizaje sea claro. Primero, que la protección de los derechos humanos y la condena de la violencia sean axiomas irrenunciables. Segundo, que la responsabilidad política y mediática debe ser exigida: ni instrumentalización ni impunidad moral. Tercero, que la memoria de las víctimas de la extrema derecha en España nos obliga a ser especialmente sensibles y exigentes cuando aparece la dinámica del señalamiento masivo. Y cuarto, que la izquierda debe seguir siendo firme —con claridad y sin complejos— en su defensa de la vida, la justicia y la verdad.

La bronca política no puede sustituir a la investigación; y la justicia no puede ser rehén del prejuicio. Hagamos pie en pared: que se investigue, que se juzgue y que, cuando corresponda, se pida perdón y se repare. Esa es la izquierda que quiero defender.