Ni perdón ni olvido: corrupción, impunidad y la urgencia de depurar la política

Ni perdón ni olvido: corrupción, impunidad y la urgencia de depurar la política

Por Fidel Romero

Lo que estamos viviendo estos días no es nuevo, pero duele igual. La corrupción ha sido durante demasiado tiempo una lacra estructural en nuestro país. Lo de Santos Cerdán y el “caso Koldo” no es un episodio aislado. Es, lamentablemente, otro eslabón más en una cadena de desvergüenzas que va desde las cloacas del Estado hasta las mordidas institucionalizadas en los pasillos del poder. Y no basta con pedir perdón. No basta con decir que no volverá a pasar.

Lo ha dicho Yolanda Díaz con claridad: hace falta un reseteo, un nuevo marco de relaciones dentro del Gobierno de coalición y, sobre todo, un compromiso político que no se quede en los gestos, sino que se convierta en leyes, en mecanismos y en hechos. Antonio Maíllo también ha sido tajante: las medidas deben ser contundentes y rápidas, porque esta historia, lejos de terminar, apenas comienza.

Durante años hemos visto desfilar casos de corrupción que no solo han vaciado las arcas públicas, sino que han vaciado de confianza a la ciudadanía. La sensación de asco es más que comprensible. Desde la corrupción sistémica del Partido Popular en Madrid —que sigue sin respuesta judicial adecuada—, pasando por las operaciones mediáticas orquestadas desde las cloacas para destruir adversarios políticos, hasta este nuevo episodio que sacude ahora a altos cargos del PSOE.

La percepción pública es desoladora: que gobernar sirve para controlar medios, jueces y recursos públicos al servicio de unos pocos. Y eso mata la política. Porque hay otra política. La de quienes han hecho del servicio público su vocación. La de quienes, como Julio Anguita, Felipe Alcaraz o Antonio Romero, han caminado con dignidad, sin mancharse ni una sola vez las manos. La de quienes están hoy en instituciones, en ayuntamientos, en gobiernos autonómicos y en el Congreso, y mantienen su trayectoria limpia, defendiendo lo común.

No podemos seguir permitiendo que la corrupción nos hunda en el cinismo. Que se acabe creyendo que “todos son iguales”. No lo son. No lo hemos sido nunca. Pero si no hay consecuencias reales, si los que roban se pasean como si nada tras unos años a la sombra —cuando los hay—, si no se devuelve ni un euro del dinero que han saqueado, si los corruptos quedan impunes o escondidos en paraísos fiscales, la democracia se debilita y el fascismo crece.

Por eso no basta con pedir disculpas. Como dijo aquel Borbón con cinismo: “lo siento mucho, no volverá a ocurrir”. Pero sí volvió. Y sigue ocurriendo. La diferencia es que nosotros sí tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Estamos en el Gobierno. Tenemos el BOE. Tenemos la legitimidad y la obligación de legislar con valentía.

Necesitamos leyes que aseguren la devolución de lo robado, que castiguen con dureza al corrupto y al corruptor, que eviten que los delincuentes de cuello blanco vivan a costa del esfuerzo colectivo. Leyes que cierren el paso a las puertas giratorias, al clientelismo, a las redes de poder que parasitan el Estado.

No podemos mirar hacia otro lado. No es solo una cuestión moral, es una cuestión democrática. Porque el dinero que se llevan es el que falta en nuestros hospitales, en las escuelas infantiles, en las residencias de mayores, en las pensiones, en el transporte público. Robar dinero público es robar vidas, esperanzas, derechos.

Por eso lo digo con toda claridad: ni un paso atrás frente a la corrupción. Que se depuren responsabilidades. Que se aparten los sinvergüenzas. Que se proteja a quienes hacen política desde la decencia y la entrega. Que se legisle con contundencia para que quien robe lo pague. Y que la ciudadanía sepa que hay otra manera de hacer política. Porque la hay. Y porque merece la pena defenderla.