La vivienda: un derecho secuestrado

 Artículo de opinión

Fidel Romero Ruiz

La vivienda: un derecho secuestrado

Hace tiempo que vengo pensando que el derecho a la vivienda, ese que aparece bien claro en el artículo 47 de nuestra Constitución, se ha convertido en papel mojado. Dice el texto que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacerlo efectivo”. Lo mismo se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía andaluz. Pero lo que vemos cada día en Andalucía es que ese derecho ha sido sustituido por una mercancía, por un privilegio, por un negocio. Y eso no es casualidad. Es el resultado directo de políticas diseñadas por gobiernos de derecha que han preferido ponerse al servicio del ladrillo, de los fondos buitre y de la especulación, en lugar de proteger a la gente.

Hoy en Andalucía es prácticamente imposible que un joven pueda emanciparse. Los datos son demoledores. Apenas un 13% de nuestros jóvenes ha conseguido salir de casa. El resto, malviviendo con sus padres, atrapados por sueldos bajos, contratos precarios y alquileres imposibles. Un joven menor de 25 años tendría que destinar casi todo su sueldo —el 96%— solo para pagar el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados. Y alguien de entre 26 y 35 años más de dos tercios. ¿Qué vida se puede construir así? ¿Qué independencia, qué proyecto de futuro se puede imaginar si ni siquiera puedes permitirte un rincón donde vivir?

Málaga, por ejemplo, ha visto cómo el precio del alquiler se ha disparado por encima de los 15 euros el metro cuadrado. En Sevilla, más de 10 euros. Pero los sueldos no han crecido al mismo ritmo. De hecho, han quedado congelados mientras el mercado inmobiliario se desboca, empujado por inversores que compran bloques enteros para alquilar a precios inasumibles. A eso se suma la presión del turismo y la conversión de cientos de viviendas en alojamientos temporales, expulsando a los vecinos de sus propios barrios. Y todo esto con la complicidad —o al menos con la inacción— de una Junta de Andalucía que en vez de frenar la especulación la promueve, liberalizando suelo, flexibilizando normas urbanísticas y permitiendo que el acceso a la vivienda dependa del tamaño de la cartera.

Comprar tampoco es la solución. Las hipotecas, que deberían ofrecer estabilidad, se han convertido en condenas de por vida. Es como si te sentenciaran a pagar toda tu vida sin respiro. Pagamos intereses abusivos, asumimos plazos de treinta o cuarenta años, y vivimos con el agua al cuello, sabiendo que una subida mínima del Euríbor puede llevarse por delante el equilibrio de toda una familia. Se habla de vivienda como si fuera una inversión, un activo, un producto financiero. Pero no. La vivienda es un derecho. Es la base para vivir con dignidad, para formar una familia, para sentirte parte de una comunidad. Sin vivienda no hay libertad. No hay igualdad. No hay futuro.

Y lo más sangrante es que esta situación no es inevitable. Es política. Es la consecuencia de decisiones que se han tomado desde el poder. De gobiernos que han abandonado lo público para dejarlo todo en manos del mercado. Que han renunciado a construir vivienda pública. Que no han regulado el alquiler turístico. Que no han actuado ante la especulación. Gobiernos que han cedido nuestro derecho a vivir a cambio de favores, de beneficios para unos pocos, de aplausos de los lobbies inmobiliarios. Gobiernos que han olvidado que su función principal no es rendirse al mercado, sino proteger a la ciudadanía.

Por eso hoy quiero decirlo claro: la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. No puede depender del dinero que tengas ni de los contactos que consigas. Es un derecho. Lo dice la Constitución. Lo dice nuestro Estatuto de Autonomía. Lo exige el sentido común. Y lo grita la gente en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo donde vivir se ha convertido en un lujo. Nos están robando el futuro. Y no podemos permitirlo.

Es hora de levantar la voz, de exigir políticas valientes que prioricen a las personas por encima de los beneficios. Necesitamos una inversión decidida en vivienda pública, una regulación efectiva del mercado del alquiler y medidas que frenen la especulación. Solo así podremos garantizar que el derecho a una vivienda digna deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad para todos