​PASEA CARTERAS: LA POLÍTICA NO PUEDE SER UN CEMENTERIO DE ELEFANTES

​PASEA CARTERAS: LA POLÍTICA NO PUEDE SER UN CEMENTERIO DE ELEFANTES

Menos cargos a dedo, más profesionales y una Administración al servicio de la gente

Por Fidel Romero

Hay expresiones que nacen en nuestros pueblos y que explican perfectamente cómo la ciudadanía percibe determinadas formas de hacer política. Una de ellas es «pasea carteras». Así llamábamos a quienes iban del pueblo a la capital y de la capital al pueblo, o de un despacho a otro, con la cartera bajo el brazo, pero sin que nadie supiera muy bien qué trabajo hacían. Eran los llamados cementerios de elefantes: lugares donde acababan algunos alcaldes después de perder unas elecciones, personas que terminaban un mandato o quienes necesitaban mantenerse colocados hasta que llegara una nueva oportunidad política.

Yo lo viví directamente durante mi etapa de gobierno. Vi llegar a personas a determinados organismos públicos que apenas tenían presencia en sus puestos y que, en algunos casos, ni siquiera parecía que conocieran bien cuál era su función. Mientras tanto, funcionarios con preparación y experiencia cargaban con buena parte del trabajo que aquellos cargos debían realizar. Recuerdo incluso que un amigo, hablando un día en la Diputación, me dijo con ironía que había ordenadores que tenían «una cuarta de polvo encima» porque algunos ni siquiera sabían utilizarlos.

Puede parecer una anécdota, pero no lo es. Esa imagen termina perjudicando a la política en su conjunto. Cuando la ciudadanía ve esas situaciones, acaba pensando que todos somos iguales. Y yo no lo creo.

Cuando terminé mi etapa como alcalde, volví a mi trabajo. Como hicieron muchos compañeros de Izquierda Unida: unos regresaron a la enseñanza, otros a Hacienda y otros a sus profesiones. Siempre he entendido que la política debe ser un servicio y no una profesión para toda la vida. Si uno termina su responsabilidad pública y no vuelve a ser elegido, debe regresar a su sitio. No creo que haya que buscarle un sillón para mantenerlo hasta las próximas elecciones.

A la política venimos por vocación de servicio, por voluntad propia y para representar a quienes nos han elegido. No venimos a ganar dinero ni a vivir entre algodones. Quien acepta una responsabilidad pública debe saber que está ahí para trabajar por la gente y, precisamente por eso, tiene que procurar vivir con la misma normalidad que las personas a las que representa.

Por eso me preocupa que ahora el Gobierno andaluz incorpore 13 nuevos altos cargos manteniendo el mismo número de consejerías. Se nos dice que son necesarios para mejorar el funcionamiento de la Administración. Yo me pregunto: ¿para que la Administración funcione mejor necesitamos más cargos políticos o necesitamos más profesionales trabajando?

Y aquí hay una contradicción que no podemos pasar por alto. Vox lleva años hablando de adelgazar la Administración, de las «paguitas» y de quienes, según ellos, viven del dinero público sin trabajar. Hay discursos, declaraciones y vídeos en los que lo repiten constantemente. Pero cuando llegan a las instituciones, ¿qué hacen? Participan en gobiernos que amplían estructuras y aumentan cargos y, en lugar de acabar con el sistema que tanto critican, colocan a los suyos. Al final, aquello que denunciaban como «paguitas» puede terminar convertido en lo mismo que criticaban: puestos de confianza y personas colocadas a dedo para vivir de la Administración.

Desde la izquierda llevamos años defendiendo esta cuestión en el Parlamento andaluz. Y quiero reconocer especialmente el trabajo que se ha hecho desde Por Andalucía y desde Adelante Andalucía, reclamando reducir altos cargos y personal eventual, limitar los puestos de libre designación y avanzar hacia una Administración mucho más profesional. No se trata de quitar a los «suyos» para poner a «los nuestros». Se trata de que haya menos puestos políticos y más funcionarios seleccionados por mérito, capacidad, formación y titulación.

Yo he visto plantas de organismos públicos donde había mesas vacías mientras unos pocos funcionarios sacaban adelante prácticamente todo el trabajo. Eso no es eficiente. Si queremos agilizar la Administración, tenemos que reforzar las áreas que realmente lo necesitan, cubrir las plazas necesarias y poner a trabajar a profesionales preparados. Cuatro funcionarios no pueden estar soportando el trabajo de veinte personas colocadas a dedo.

Y también creo que debemos hablar de los sueldos, las dietas y las ayudas de alojamiento de los cargos públicos. No cuestiono que quien tiene una responsabilidad pública deba cobrar dignamente ni que tenga derecho a que se le compensen los gastos necesarios para desarrollar su trabajo. Pero esas compensaciones tienen que ser racionales, proporcionales, justificadas, transparentes y estar sometidas a límites claros.

Y esto no debería quedar a criterio de cada cargo público. Tiene que ser una obligación. Cuando una persona acepta una responsabilidad pública debe asumir también un compromiso ético con la ciudadanía: vivir, dentro de lo razonable, como vive la gente a la que representa. Ese compromiso debería estar recogido en un código ético de obligado cumplimiento, con límites concretos sobre dietas, comidas, alojamiento y otros gastos, perfectamente públicos y sometidos a control y revisión.

Si un albañil, un trabajador de la construcción o un operario de una fábrica termina su jornada y entra en un bar, come un menú normal, decente y razonable para poder continuar trabajando, eso tiene que ser también la referencia para quien ocupa un cargo público. No podemos aceptar restaurantes de élite, comidas desproporcionadas ni gastos que nada tienen que ver con la realidad cotidiana de quienes nos han elegido. Los trabajadores y trabajadoras que nos han puesto ahí comen un menú normal y trabajan cada día para sacar adelante este país. Quien los representa tiene que ser capaz de hacer exactamente lo mismo.

Y con la vivienda ocurre exactamente igual. Si una familia tiene que hacer verdaderos esfuerzos para pagar un alquiler de 700 u 800 euros, no puede convertirse en normal que un cargo público disponga de 1.900 euros mensuales para alojamiento. Si por razón de su función necesita una vivienda, tendrá que disponer de una vivienda digna, normal y adecuada a sus necesidades, dentro de unos límites previamente establecidos y públicos. No un alojamiento de lujo, no vivir entre algodones y no convertir una necesidad derivada del cargo en un privilegio personal.

Esto tiene que estar regulado, fiscalizado y ser de obligado cumplimiento. No puede depender de la voluntad, de la interpretación o de la conciencia de quien ocupa el cargo. Quien acepta representar a la ciudadanía acepta también unas reglas y unos límites. Porque el dinero público no es para mejorar la vida privada de quien gobierna; es para garantizar el ejercicio de su función y, cuando esa función termina, se acabó también ese derecho.

No podemos pedir austeridad a una familia que no puede pagar su alquiler mientras desde una institución pública se consideran normales determinadas cantidades para quienes ocupan un cargo. Los representantes públicos tenemos que dar ejemplo. Pero, sobre todo, tenemos que conseguir que la gente vea que somos uno de ellos, que vivimos con normalidad y que no hemos venido a la política para tener una vida de privilegios.

Y por eso vuelvo a aquella expresión de nuestros pueblos: pasea carteras.

No quiero una política de personas que esperan su turno, que pierden unas elecciones y son colocadas en otro sitio, que terminan un mandato y necesitan inmediatamente otro cargo para seguir cobrando. Quiero una política de personas que trabajan, que sirven a la ciudadanía y que, cuando terminan su responsabilidad, vuelven a su profesión y a su vida.

Porque no todos somos iguales. Y precisamente para que la ciudadanía pueda distinguirnos, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos.

Yo quiero una Administración con menos cargos políticos innecesarios, menos puestos a dedo y más profesionales trabajando. Una Administración que funcione, que agilice los trámites y que esté al servicio de quienes la necesitan.

Los andaluces no necesitan más gente paseando carteras. Necesitan servidores públicos trabajando.

Y eso, para mí, también es dignificar la política.

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