​LA SOMBRA DE LOS TRIBUNALES DE ORDEN PÚBLICO VUELVE A PROYECTARSE SOBRE ESPAÑA

​LA SOMBRA DE LOS TRIBUNALES DE ORDEN PÚBLICO VUELVE A PROYECTARSE SOBRE ESPAÑA

Por Fidel Romero Ruiz

Hay momentos en la historia en los que un país no necesita que regresen las viejas instituciones para sentir que algunas de sus sombras vuelven a extenderse sobre la democracia.

Los Tribunales de Orden Público desaparecieron oficialmente en 1977. Nadie puede discutir ese hecho histórico. Lo que hoy me preocupa profundamente es otra cuestión mucho más inquietante: la sensación, que comparto y que percibo en una parte importante de la sociedad española, de que determinadas actuaciones de una parte de la Justicia empiezan a recordar la lógica con la que aquellos tribunales actuaban cuando el poder político, económico y mediático encontraba en ellos un instrumento de protección.

No escribo estas líneas desde el resentimiento ni desde la descalificación fácil. Las escribo desde la preocupación de quien observa cómo se deteriora la confianza en una institución que debería ser el último refugio de la igualdad ante la ley.

Porque una democracia puede sobrevivir a gobiernos de uno u otro signo. Puede soportar crisis económicas, escándalos políticos e incluso episodios de corrupción. Lo que no puede soportar durante mucho tiempo es que una parte creciente de la sociedad deje de creer que la Justicia actúa con el mismo rasero para todos.

Los Tribunales de Orden Público fueron mucho más que un tribunal. Representaron una manera de entender el poder. Fueron un instrumento para proteger un determinado modelo político y social frente a quienes pretendían cambiarlo. Su función era garantizar que determinados intereses nunca fueran cuestionados.

Afortunadamente, la España de hoy no es la España de la dictadura. Pero precisamente porque vivimos en democracia debemos preguntarnos si todas las estructuras de poder evolucionaron con la misma profundidad que lo hizo nuestro sistema político.

Esa es la pregunta que yo me hago.

Siempre he pensado que la Transición fue imprescindible para recuperar las libertades y abrir el camino de la democracia. Pero también creo que dejó intactos importantes espacios de poder económico, financiero e institucional que supieron adaptarse al nuevo tiempo sin perder buena parte de su influencia.

Cambiaron los gobiernos. Cambiaron las leyes. Cambiaron los discursos.

Pero mi impresión es que determinados centros de poder nunca dejaron de ocupar una posición privilegiada desde la que seguir influyendo en las grandes decisiones del país.

He visto gobernar al PSOE y al PP. He visto alternarse presidentes y mayorías parlamentarias. Sin embargo, también he visto cómo determinadas políticas económicas fundamentales apenas variaban. Las privatizaciones, la progresiva pérdida del control público sobre sectores estratégicos, la creciente concentración del poder económico o decisiones tan trascendentes como la reforma del artículo 135 de la Constitución me hicieron preguntarme muchas veces quién marcaba realmente los límites de lo posible.

No afirmo que los gobiernos no gobernaran.

Lo que me pregunto es hasta dónde podían gobernar cuando determinadas decisiones afectaban a intereses económicos extraordinariamente poderosos.

Y cuando alguna fuerza política planteó cambios más profundos, el clima político se volvió extraordinariamente hostil. La confrontación aumentó, la presión pública se intensificó y el debate dejó de centrarse únicamente en las ideas para trasladarse también a otros terrenos. Esa evolución alimentó, en mi opinión, una creciente desconfianza sobre el funcionamiento de algunas instituciones y sobre la capacidad del sistema para tratar con el mismo criterio a todos los actores políticos.

Es precisamente ahí donde sitúo mi preocupación por una parte de la Justicia.

No hablo de todos los jueces.

Sería profundamente injusto hacerlo.

España cuenta con miles de profesionales que ejercen su función con independencia, dignidad y un enorme sentido del deber.

Pero también creo que determinadas resoluciones, determinados comportamientos y determinadas dinámicas han terminado provocando que muchos ciudadanos se pregunten si la imparcialidad siempre preside las decisiones más relevantes.

Esa pregunta no debería molestar a nadie.

Al contrario.

Una democracia madura debería sentirse obligada a responderla.

Porque cuando la confianza desaparece, las instituciones empiezan a debilitarse desde dentro.

Y esa confianza hoy está siendo puesta a prueba.

Yo no siento que los Tribunales de Orden Público hayan regresado como institución.

Lo que siento es que, en algunos momentos y ante determinadas actuaciones, vuelve a proyectarse sobre nuestra democracia una forma de entender el poder que me recuerda peligrosamente a la lógica que inspiró aquellos tribunales: la sensación de que hay intereses que encuentran una protección mucho más eficaz que otros y de que quienes desafían determinados equilibrios establecidos pueden verse sometidos a un nivel de escrutinio y presión que muchos ciudadanos perciben como desigual.

Esa es mi preocupación.

Y creo sinceramente que no soy el único.

Cada vez escucho a más personas preguntarse si la Justicia es realmente igual para todos o si existen diferencias que ningún Estado democrático debería aceptar como normales.

No escribo este artículo para desacreditar a todos los jueces.

Sería injusto hacerlo.

Sé que existen muchos profesionales que ejercen su función con independencia, honestidad y un profundo compromiso con el Estado de Derecho.

Pero tampoco puedo ocultar una realidad personal que nace de lo que observo desde hace años.

Cada nueva resolución polémica, cada procedimiento que alimenta la percepción de desigualdad, cada decisión que parece reforzar la idea de que existen ciudadanos sometidos a un escrutinio distinto al de otros, ha ido erosionando mi confianza en una parte de la Justicia.

Y esa pérdida de confianza me preocupa profundamente.

Porque una democracia necesita que sus ciudadanos crean en la imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de juzgar.

Cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, no se debilita únicamente el prestigio de los tribunales; se resiente la propia calidad democrática del país.

Hoy no puedo decir que contemple esta situación con tranquilidad.

Al contrario.

La observo con una profunda decepción y con la inquietud de quien percibe que determinadas actuaciones judiciales siguen proyectando sobre nuestra democracia una sombra que creíamos definitivamente superada.

No afirmo que hayan regresado los Tribunales de Orden Público.

Afirmo que, ante determinadas decisiones y comportamientos, demasiados ciudadanos empiezan a reconocer una forma de ejercer el poder que les recuerda peligrosamente a la lógica con la que aquellos tribunales protegían determinados intereses.

Y cuando esa percepción deja de ser excepcional para instalarse en una parte creciente de la sociedad, la democracia tiene la obligación de preguntarse qué está ocurriendo.

Porque el mayor peligro para un Estado de Derecho no es únicamente la falta de independencia de la Justicia.

Es que los ciudadanos dejen de creer en ella.

Y, desgraciadamente, esa confianza hace tiempo que empezó a resquebrajarse.