​LA CORRUPCIÓN NO PUEDE TENER PREMIO

​LA CORRUPCIÓN NO PUEDE TENER PREMIO


Por Fidel Romero




Siempre he defendido lo mismo, gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte: quien roba dinero público debe pagarlo. Y debe pagarlo con contundencia. Quien mete la mano en la caja de todos, quien utiliza un cargo público para enriquecerse o quien traiciona la confianza de la ciudadanía merece las máximas consecuencias penales que permita la ley.


Pero hay algo que me preocupa tanto como el corrupto: el corruptor.


Porque la corrupción nunca la comete una sola persona. Siempre hay alguien dispuesto a pagar sobornos, a comprar voluntades, a amañar contratos o a repartir dinero para obtener un beneficio económico que sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Sin ese corruptor, muchas tramas nunca existirían.


Por eso me cuesta entender que pueda abrirse la puerta a un modelo en el que quien ha participado activamente en una trama de corrupción termine obteniendo un beneficio tan importante que, al final, parezca que delinquir ha merecido la pena.


Estoy de acuerdo en que colaborar con la Justicia puede servir para esclarecer los hechos y descubrir a otros responsables. La colaboración puede tener sentido como instrumento para desmontar organizaciones corruptas. Pero esa colaboración nunca puede convertirse en un premio.


Lo que no puede aceptar una democracia es que alguien participe en el saqueo de las arcas públicas, obtenga un enorme beneficio económico y, después, colaborando con la Justicia, termine conservando parte de ese botín o recibiendo un trato que la ciudadanía perciba como una recompensa.


Ese sería un precedente peligrosísimo.


Porque el mensaje que trasladaríamos sería devastador: si te descubren, siempre puedes negociar. Siempre puedes señalar a otros, obtener ventajas y salir mejor parado, incluso después de haber participado en el expolio del dinero de todos.


Eso no fortalece la lucha contra la corrupción; la debilita.


La verdadera lucha contra la corrupción exige que caigan todos. El político que acepta el soborno y el empresario o intermediario que lo ofrece. El que firma y el que paga. El que roba y el que compra ese robo. Todos deben responder ante la Justicia con proporcionalidad, devolver hasta el último euro obtenido ilícitamente y asumir las consecuencias de sus actos.


Solo así podremos recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.


Porque la corrupción no termina cuando se descubre. Termina cuando nadie puede conservar ni un solo euro obtenido ilegalmente y cuando ningún corrupto, ni ningún corruptor, puede pensar que delinquir compensa.


Ese debería ser el verdadero objetivo de cualquier Estado de derecho.

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