​AHORA LOS ESPAÑOLES NO SON LOS PRIMEROS: PRIMERO VAN LOS FONDOS BUITRE Y LA ESPECULACIÓN. LA DEFENSA DE LA VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL: CUANDO LA LEY OLVIDA LA HUMANIDAD

​AHORA LOS ESPAÑOLES NO SON LOS PRIMEROS: PRIMERO VAN LOS FONDOS BUITRE Y LA ESPECULACIÓN. LA DEFENSA DE LA VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL: CUANDO LA LEY OLVIDA LA HUMANIDAD

POR FIDEL ROMERO 

Cuando un enfermo terminal de cáncer puede ser desahuciado de una vivienda social gestionada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), algo se ha roto profundamente en nuestra sociedad.

Y no hablamos solo de leyes, expedientes o procedimientos administrativos. Hablamos de humanidad. Hablamos de sensibilidad. Hablamos de dignidad.

La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Precisamente por eso nació la vivienda pública y social: para proteger a las familias más vulnerables, para garantizar un techo a quienes atraviesan dificultades y para evitar que el mercado deje atrás a los más débiles.

Sin embargo, en Madrid llevamos años viendo cómo ese espíritu se ha ido deteriorando.

El Ayuntamiento de Madrid se acoge a la normativa vigente y asegura que actúa para proteger el patrimonio municipal y garantizar los derechos de otras familias que esperan una vivienda social. Y es cierto que las administraciones tienen la obligación de cumplir la ley y velar por el correcto funcionamiento del sistema público de vivienda.

Pero precisamente ahí nace el gran debate moral y social:

¿Puede aplicarse una norma sin mirar las circunstancias humanas extremas?

¿Puede una administración olvidar la compasión cuando detrás de un expediente hay una persona enferma terminal, vulnerable y en una situación límite?

Porque una vivienda social no nació para alimentar operaciones especulativas ni para proteger intereses económicos por encima de las personas. Nació para garantizar un techo digno a quienes más lo necesitan.

Y en Madrid existe además una herida que todavía sigue abierta: la venta masiva de viviendas públicas durante la etapa de Ana Botella, cuando miles de pisos sociales terminaron en manos de fondos de inversión y fondos buitre. Aquella operación dejó a muchas familias desprotegidas y simbolizó como pocas veces la transformación de un derecho básico en un negocio.

Por eso este caso no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un problema mucho más profundo: el abandono progresivo de la función social de la vivienda pública y la normalización de políticas que priorizan balances económicos frente a la protección de las personas.

Y una vez más vemos cómo algunos utilizan el discurso de “los españoles primero” mientras, en la práctica, ponen antes a los fondos buitre, a los grandes intereses económicos y a quienes hicieron negocio con la vivienda pública.

Ahí es donde realmente se les ve.

No los vemos rodeando casas para impedir desahucios.

No los vemos defendiendo a las familias humildes.

No los vemos acompañando a quienes sufren.

Los vemos justificando decisiones frías.

Los vemos defendiendo balances económicos.

Los vemos respaldando un modelo que convirtió viviendas públicas en mercancía.

Porque no olvidamos cómo durante años se vendieron viviendas sociales a fondos de inversión, dejando a miles de familias desprotegidas y convirtiendo el derecho a la vivienda en un negocio.

Y mientras tanto, la gente humilde sigue pagando las consecuencias.

Nosotros lo tenemos claro:

Siempre estaremos al lado de quien más lo necesita.

Del trabajador.

Del enfermo.

De la familia humilde.

De quien atraviesa momentos difíciles, venga de donde venga y piense como piense.

Porque la dignidad humana está por encima de cualquier cálculo político o económico.

La vivienda no puede ser tratada únicamente como un patrimonio administrativo. Es un derecho fundamental. Y una sociedad que pierde la capacidad de mirar con humanidad a sus personas más vulnerables pierde también parte de su alma.

Hoy más que nunca hace falta una política valiente que recupere la vivienda pública para la gente, que frene la especulación y que ponga la vida y la dignidad humana por delante del dinero.

Porque ningún enfermo terminal debería vivir sus últimos días con el miedo de perder su hogar.

Y porque una sociedad decente se mide por cómo trata a quienes más necesitan protección.