​UN CAMPO CON FUTURO O UN FUTURO SIN CAMPO

​UN CAMPO CON FUTURO O UN FUTURO SIN CAMPO

POR FIDEL ROMERO 

No escribo esto desde la comodidad de un despacho ni desde la distancia de quien mira el campo como una postal, sino desde la preocupación de quien ve cómo se está decidiendo el futuro de nuestra agricultura sin contar con quienes la trabajan, la sostienen y la mantienen viva.

Cuando veo las movilizaciones de ASAJA, COAG y UPA, no puedo evitar sentir que no son solo protestas por precios o burocracia: son el síntoma de algo mucho más profundo. Son el grito de un sector que se sabe amenazado por decisiones políticas y económicas que se están tomando muy lejos de los surcos, los invernaderos y las granjas.

Nos dicen que el acuerdo de libre comercio con Mercosur es inevitable, que es moderno, que es progreso, que es “competitividad”. Pero lo que yo veo es otra cosa: veo intereses comerciales de grandes corporaciones que se anteponen a la vida del pequeño y mediano agricultor. Veo un modelo que no busca alimentar mejor a la población, sino abaratar costes a costa de destruir nuestro campo.

Y aquí es donde hay que decir las cosas claras. Aunque algunos partidos hablen de matices, de condiciones o de salvaguardas, la realidad es que la derecha europea, las extremas derechas y, finalmente, también el PSOE, acabarán alineándose para sacar adelante este acuerdo. Porque cuando aprietan las tuercas los grandes mercados, cuando hablan las multinacionales y cuando desde Estados Unidos —con Donald Trump marcando el ritmo de los intereses comerciales globales— se empuja en una dirección, Europa baja la cabeza.

No es una cuestión ideológica abstracta: es una cuestión de poder económico. Detrás de Mercosur no están los agricultores de Brasil o Argentina, sino las grandes multinacionales agroalimentarias, los gigantes del comercio de materias primas y las empresas que controlan cadenas enteras de producción y distribución. Son ellas las que ganan. Y quienes pierden somos nosotros.

Este acuerdo nos condena a competir con productos producidos en condiciones que aquí serían impensables: con menores controles ambientales, menos exigencias sanitarias, menos protección laboral y salarios ínfimos. No es una competencia “libre”, es una competencia desleal. Y el resultado será que en nuestros supermercados veremos más productos baratos, sí, pero también peores, de menor calidad y producidos a costa de la destrucción de ecosistemas y de derechos sociales en otros países.

Mientras tanto, nuestros agricultores —grandes, medianos y pequeños— verán cómo sus productos no pueden competir, cómo sus costes son más altos y cómo su trabajo pierde valor. Y eso no es teoría: ya lo estamos viendo en las movilizaciones en toda España.

A esto se suma otra cuestión clave: los presupuestos europeos. Nos hablan de defensa, de un 5% del presupuesto para gasto militar, de reforzar la industria armamentística. Y yo me pregunto: ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque si aumenta para armas y guerra, necesariamente se retrae de otras partidas. Y esas partidas son, precisamente, las que sostienen a los más débiles: ayudas sociales, fondos de cohesión, apoyo al mundo rural y a la agricultura.

Se nos dice que esto es por exigencias de Estados Unidos, por la presión de Trump, por el nuevo orden geopolítico. Pero el precio lo pagamos nosotros: menos bienestar, menos protección y menos apoyo para quienes más lo necesitan.

Y hay otro problema que rara vez se aborda con la seriedad que merece: los intermediarios. No es aceptable que un agricultor venda un kilo de cebollas a 0,20 euros y que luego aparezca en el supermercado a 4 euros. No es normal que el tomate salga del campo a 0,30 euros y se venda al consumidor a 3 euros. No es justo que el ganadero reciba 10 euros por un kilo de carne y el supermercado lo venda a 20.

Entre el productor y el consumidor hay una cadena de intermediarios que no cultivan, no crían, no cuidan la tierra ni los animales, pero sí se llevan la mayor parte del beneficio. Esa es una riqueza que no generan, pero que acaparan. Y mientras tanto, quien realmente produce apenas puede cubrir sus costes.

Por eso creo que necesitamos precios tasados o, al menos, mecanismos que garanticen que el agricultor recibe un precio justo que le permita vivir con dignidad. No estamos pidiendo privilegios: estamos pidiendo justicia.

En definitiva, si no ponemos freno a este modelo, si no plantamos cara a los intereses de las grandes multinacionales y si seguimos aceptando que Europa se arrodille ante los grandes mercados y ante Washington, nuestro campo tiene los días contados.

Necesitamos una agricultura que respete el medio ambiente, sí, pero también una agricultura con futuro, con dignidad, con precios justos y con reconocimiento social. Una agricultura que no sea sacrificada en el altar del libre comercio y de los beneficios de unos pocos.

Porque cuando cae el campo, no solo pierden los agricultores: perdemos todos