La T.I.A. no limpia las cloacas

La T.I.A. no limpia las cloacas

Por Fidel Romero

Como ciudadano comprometido y servidor público, hace tiempo que vengo advirtiendo que en España el poder real no siempre responde al mandato democrático. Lo hemos visto demasiadas veces: existen núcleos incrustados en el Estado —en la policía, en la judicatura, en los servicios de inteligencia, en los grandes medios y en las élites económicas— que operan al margen de las urnas y de cualquier control ciudadano. Y, en la mayoría de los casos, lo hacen al servicio de la derecha, incluso cuando no está en el Gobierno.

El episodio que ha puesto en el centro del debate a una asesora de comunicación, bautizada ahora como “la fontanera del PSOE”, roza el absurdo si se compara con la dimensión real del problema. El Partido Popular clama por un escándalo de Estado mientras oculta bajo la alfombra toda su maquinaria de cloacas: ministros del Interior procesados por utilizar fondos reservados, comisarios que fabricaban pruebas contra adversarios políticos, estructuras policiales dedicadas a operaciones ilegales como Kitchen o Cataluña, y una red de medios que han servido como altavoz de estas campañas. Todo eso no es ruido, son hechos judicialmente contrastados.

Presentar ahora a Leire Díez como cerebro de una conspiración para controlar las instituciones es una cortina de humo. Una burda estrategia de la derecha para desviar la atención y volver a ejercer ese viejo arte que tan bien dominan: convertir en delito lo que ellos mismos practicaron como norma. Que haya quien compare esto con el Watergate o con los GAL, sin aportar ni una sola prueba de delito real, mientras ignora la existencia de un aparato parapolicial aún activo, demuestra hasta qué punto estamos atrapados en una democracia tutelada.

Lo más grave, sin embargo, no es la estrategia de la derecha. Lo más preocupante es la respuesta del Gobierno. El PSOE ha tenido numerosas oportunidades —desde 2008, con el Ministerio del Interior, Defensa y el CNI en sus manos— para sanear a fondo las estructuras del Estado. Para apartar a quienes, desde dentro, trabajan al servicio de intereses políticos o económicos. Pero no lo ha hecho. Ha preferido convivir con ese poder en la sombra, mirar hacia otro lado o, como ahora, responder con medidas cosméticas como una Ley Díez que más bien parece una parodia, digna de Mortadelo y Filemón. La T.I.A. investigando un asunto de Estado.

No se puede combatir a una brigada patriótica ni a una red estructural de impunidad con declaraciones tibias o reformas estéticas. No basta con encargar informes ni con filtrar argumentarios. Lo que necesitamos es una depuración real de las fuerzas de seguridad, un control democrático de los servicios de inteligencia, una judicatura verdaderamente independiente y una ruptura con el poder mediático que lleva décadas manipulando la opinión pública al servicio del poder económico.

Si alguna vez fue necesario levantar la alfombra, es ahora. Lo que hay debajo no son errores puntuales, son décadas de podredumbre institucional. Y si el PSOE, tras gobernar más de una década, decide que su gran aportación es proteger a una asesora y aprobar una ley sin ambición transformadora, entonces el problema no es solo la derecha. Es también la renuncia de quienes dicen representar una alternativa.

Porque si las cloacas del Estado siguen funcionando con total impunidad, no estamos ante una democracia en peligro. Estamos ante una democracia simulada, en la que los resortes del poder siguen perteneciendo a quienes nunca aceptaron que las urnas puedan cambiarlo todo.