Las eléctricas culpables

Artículo de opinión

Fidel Romero

El apagón masivo que vivimos el pasado 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica durante varias horas, ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema energético y la dependencia crítica de la electricidad en nuestra vida cotidiana.

Este incidente no solo interrumpió nuestras actividades diarias, sino que también evidenció las consecuencias de décadas de privatización y falta de inversión en infraestructuras críticas.

La historia de la privatización de Endesa es un claro ejemplo de cómo se ha desmantelado el control público sobre sectores estratégicos. En 1988, bajo el gobierno de Felipe González, se inició la venta parcial de Endesa. Este proceso culminó en 1998, durante el mandato de José María Aznar, cuando se completó la privatización total de la empresa. Actualmente, más del 70% de lo que fue nuestra principal eléctrica está en manos de la italiana Enel.

En 2024, las principales eléctricas españolas han obtenido beneficios récord:

• Iberdrola: 5.612 millones de euros, un 17% más que en 2023.  

• Endesa: 1.888 millones de euros, un aumento del 154% respecto al año anterior.  

• Naturgy: 1.901 millones de euros, manteniendo niveles similares a los de 2023.

¿Dónde está ese dinero cuando hay que mejorar las redes, reforzar instalaciones, protegernos de ciberataques o evitar que zonas enteras del país vivan con tensión insuficiente o cortes constantes? ¿Dónde están las inversiones necesarias para una energía moderna, segura, ecológica y para todos?

Mientras tanto, cuando una familia vulnerable necesita ayuda para pagar la luz, el dinero sale del Estado. Es decir, de nuestros impuestos. El famoso bono social no lo paga la empresa, lo pagamos entre todos. Privatizan los beneficios y socializan los costes. Esa es la ecuación.

Nos han dejado sin capacidad para intervenir en algo tan básico como el precio de la energía. Y sin embargo, dependemos de ella para todo. Para trabajar, para vivir, para cocinar, para movernos. Hemos diseñado ciudades y pueblos enteros que no pueden funcionar sin electricidad, y sin embargo no hemos garantizado que todos tengamos acceso a ella.

Desde la izquierda, defendemos que la energía debe tener una titularidad pública sin participación privada. Esto permitiría al gobierno gestionar y decidir sobre cuestiones de interés social, empleo y desarrollo sostenible. No se trata de excluir la participación privada, sino de garantizar que el interés general prevalezca sobre el lucro particular.

Además, necesitamos avanzar hacia una energía limpia, renovable, no contaminante. Que no solo llegue a todos, sino que cuide el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué sentido tiene seguir dependiendo de energías fósiles, si podemos poner paneles solares en nuestras casas, tener calentadores de agua sostenibles, almacenar energía en baterías comunitarias, aprovechar el viento y el sol de esta tierra bendita? 

Claro que eso requiere inversión. Pero la inversión se hace con los beneficios. Y los beneficios los tienen ellos.

No podemos obviar que muchos de los responsables de estas privatizaciones han acabado ocupando cargos en las mismas empresas que se beneficiaron de sus decisiones políticas. Felipe González, expresidente del Gobierno, fue consejero de Gas Natural Fenosa entre 2010 y 2015. José María Aznar, también expresidente, fue asesor externo de Endesa entre 2011 y 2014. Otros exministros como Elena Salgado, Pedro Solbes o Ángel Acebes han ocupado puestos en empresas del sector energético. Estas puertas giratorias han generado un conflicto de intereses que socava la confianza en nuestras instituciones.

Yo no quiero una energía de lujo para unos pocos. Quiero una energía para todos. Que no te hipoteques de por vida para tener una casa donde poner una lavadora. Que no vivamos con miedo a la próxima factura.

La energía es vida. Y la vida no puede estar sometida a las reglas de mercado. Por eso es hora de volver a pensar en común, de exigir una red eléctrica que llegue a todos los hogares con dignidad, seguridad y justicia. Y de apostar por una transición energética que sea, de verdad, para todos.