Andalucía no es un cortijo del narco

Andalucía no es un cortijo del narco

Por Fidel Romero

Por mucho que intenten disfrazarlo con discursos institucionales y trajes planchados, hay realidades que huelen a podrido. Y Marbella vuelve a apestar. Apesta a blanqueo, a corrupción, a impunidad, a esa mezcla tóxica de política y crimen que tantos años lleva incubándose en la Costa del Sol. Apesta, sobre todo, a una connivencia escandalosa entre el poder político y el económico-criminal que opera como si esta tierra fuera su cortijo. Andalucía no es suya. Y no vamos a permitir que lo sigan diciendo a micrófono cerrado, como si nada.

Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa del Partido Popular en Marbella, Ángeles Muñoz, está siendo juzgado como cabecilla de una red internacional de narcotráfico. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión. No es cualquier cosa: tráfico de drogas, blanqueo de más de siete millones de euros, sobornos a policías locales… Y, sin embargo, el fiscal parece más interesado en salvarle la cara que en defender la ley. ¿Desde cuándo la Fiscalía se comporta como defensa oficiosa de las élites políticas?

Porque lo más preocupante de este juicio no es solo lo que se juzga, sino cómo se está juzgando. A quien debiera encabezar la defensa del interés general —el fiscal— muchos lo perciben más próximo al banquillo que al estrado. Su tono tibio, sus preguntas superficiales y su pasividad ante los intentos de la defensa por desacreditar pruebas clave no son propios de un fiscal de la Audiencia Nacional en un caso de esta magnitud. En lugar de actuar con la contundencia que exige un proceso por narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción, su intervención parece la de un abogado defensor más, como si su misión fuera amortiguar el daño en lugar de esclarecer la verdad.

Y esto, en Andalucía, con un acusado que presume de tener “la Junta, Marbella, Estepona… toda la jodida Andalucía”, no es un detalle menor. Porque si el fiscal no cumple su papel, ¿quién protege entonces a los andaluces del crimen organizado, del uso espurio del poder político, del narcotráfico disfrazado de élite empresarial? ¿Quién hace frente al silencio cómplice de quienes debieran ser garantes de la justicia?

Los audios difundidos en el juicio son demoledores. “Tenemos Andalucía. Tenemos Marbella, Estepona… tenemos toda la jodida Andalucía”, dice Broberg con la prepotencia de quien se sabe impune. Y uno se pregunta: ¿a qué se refiere exactamente? ¿A tener el control de los ayuntamientos, de los jueces, de los fiscales, de los contratos públicos? ¿Quién está al mando de qué? Porque si todo eso es cierto, estamos ante algo mucho más profundo que un caso aislado: hablamos de crimen organizado instalado en las instituciones democráticas.

No es nuevo. Marbella nunca se ha recuperado del caso Malaya, de la era GIL, del saqueo institucional que obligó a una intervención sin precedentes del Ayuntamiento. ¿Y qué ha hecho el PP desde entonces? ¿Limpiar? No. Ha seguido repartiendo poder entre apellidos y bufetes, entre constructores, testaferros y viejas glorias del urbanismo. Y ahora, con el hijastro de la alcaldesa al frente de una red criminal internacional, nos vuelven a pedir silencio.

Y no olvidemos al marido de la alcaldesa, fallecido, también implicado en operaciones de blanqueo. ¿Cuántas casualidades caben en un mismo apellido? ¿Cuántos pisos, cuántos contratos, cuántas empresas fantasma hacen falta para que alguien en Génova —sí, en la dirección del Partido Popular— dé una mínima explicación?

No la darán. Porque Feijóo, el mismo que todavía no ha aclarado su relación con un narco gallego, sabe que hay hilos que no le interesa tirar. Porque en el PP, los pactos con la mafia no se firman con tinta, sino con favores, con impunidad y con poder.

Lo de Marbella no es un caso local. Es un espejo. Nos refleja lo que ocurre cuando el crimen organizado se siente en casa en los despachos de la política. Nos recuerda que la Costa del Sol se ha convertido en un paraíso para las mafias: de la droga, de la trata, del dinero sucio que fluye en urbanizaciones de lujo, en empresas sin empleados y en campañas financiadas por el capital más oscuro. Un sistema que pone y quita gobiernos, que gana elecciones a golpe de sobres cerrados.

Por eso, esta vez no vale mirar a otro lado. Hay que mirar a Marbella, sí, pero también a Sevilla, a Madrid, a Bruselas. Hay que preguntar por qué nadie del PP levanta la voz. Y hay que exigir que, de una vez por todas, se corte de raíz esta estructura criminal que hace de la política su campo de operaciones.

Andalucía no es un cortijo del narco. Y quien lo crea, se equivoca de tierra.

Fidel Romero